En el inicio de 2025, el panorama político mexicano enfrenta importantes desafíos que podrían marcar el rumbo del país durante los próximos años, señaló en entrevista para “Así las Cosas”, Carlos Piedra, consultor senior de Integralia, presentó el reporte anual de la consultora, titulado "10 riesgos políticos para 2025", con el objetivo de alertar a empresas y ciudadanos sobre los principales factores de inestabilidad política y económica. Uno de los riesgos más destacados está relacionado con el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Este hecho podría generar un endurecimiento en las políticas migratorias y comerciales. Según Piedra, las industrias mexicanas como la manufactura, ganadería y automotriz podrían enfrentar nuevos aranceles y barreras comerciales. Asimismo, el nombramiento de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas plantea un riesgo de mayor intervención de agencias estadounidenses en territorio mexicano. Asimismo dijo que la  hegemonía política de Morena, consolidada tras las elecciones de 2024, ha debilitado los contrapesos institucionales. Esto ha derivado en decisiones discrecionales que afectan la certeza jurídica y el clima de negocios, además de fomentar la autocensura en medios de comunicación y erosionar órganos como el INE y la Suprema Corte. Otro riesgo está relacionado con el proceso electoral judicial extraordinario de este año, donde advirtió sobre la complejidad de elegir entre más de 600 cargos judiciales, un reto cognitivo para los votantes. La falta de promoción adecuada de candidatos y la posible politización del proceso plantean riesgos para la imparcialidad y estabilidad jurídica. Añadió que la violencia derivada de la reconfiguración del crimen organizado sigue siendo un desafío importante donde estados como Zacatecas, Michoacán y Guerrero presentan condiciones críticas debido al control territorial de grupos delictivos. Esto impacta a pequeñas y medianas empresas que no pueden absorber los costos asociados a la inseguridad. Añadió además que la desaparición de organismos reguladores como el IFT y la CRE, sumado al fortalecimiento de empresas estatales como Pemex, genera incertidumbre en sectores clave para la inversión extranjera.