La presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, Paloma Blanco López, advirtió que las iniciativas que plantean aplicar evaluaciones o distintos tipos de pruebas a aspirantes a cargos de elección popular deberán analizarse cuidadosamente para evitar afectaciones a los derechos político-electorales de las personas candidatas.

Las declaraciones surgieron luego de propuestas impulsadas recientemente por integrantes del Partido Verde Ecologista de México y Morena en San Luis Potosí, relacionadas con mecanismos de revisión para quienes busquen contender en el proceso electoral de 2027.

Blanco López señaló que el organismo electoral observa con interés este tipo de planteamientos, particularmente porque buscan fortalecer la confianza ciudadana en los perfiles que participan en elecciones y prevenir posibles vínculos con grupos delictivos.

No obstante, subrayó que cualquier medida de este tipo debe construirse bajo reglas claras y equilibradas para evitar restricciones indebidas en el ejercicio de derechos políticos.

“La intención de fortalecer la confianza en las candidaturas es legítima, especialmente en un contexto donde existe preocupación por la posible intervención del crimen organizado; sin embargo, también debe garantizarse certeza jurídica y claridad para quienes participen en los procesos electorales”, explicó.

La consejera presidenta indicó que corresponde tanto al Poder Legislativo federal como al local discutir y definir el alcance de estas propuestas, mientras que las autoridades electorales permanecerán atentas al desarrollo del debate y a las implicaciones legales que pudieran derivarse.

Añadió que, en caso de aprobarse modificaciones normativas relacionadas con requisitos o evaluaciones para candidaturas, será responsabilidad de las instituciones electorales aplicar las disposiciones conforme a lo establecido en la ley.

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Finalmente, reiteró la importancia de que cualquier reforma en materia electoral mantenga un equilibrio entre los mecanismos de control y protección institucional, y el respeto pleno a los derechos político-electorales de la ciudadanía.