La Comisión para la Igualdad de Género analizó, en mesa de trabajo, dos iniciativas que buscan reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato. La primera de ellas tiene como objetivo visibilizar los problemas de violencia que sufren las mujeres en los centros carcelarios y de detenciones, estableciendo la función a la Secretaría de Seguridad Pública, que realice las acciones y tome las medidas para evitar este fenómeno. Al respecto, Juan Manuel Álvarez González, asesor del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, explicó que en la iniciativa se enumeran las convenciones que protegen los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad y señalan el tipo de violencias que les aplican. Luis Alberto Estrella, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, expresó que la Secretaría de Seguridad Pública del estado sí cuenta con las competencias necesarias para atender estas situaciones, pues la Ley Nacional de Ejecución Penal reconoce los derechos de las personas privadas de la libertad. Por parte de la Fiscalía General del Estado, Jorge Luis García Gómez coincidió en que las normas vigentes ya incluyen los derechos de la población penitenciaria, por lo que deslizó la posibilidad de que la propuesta pudiera recaer en una sobrerregulación. Agregó que existen porciones ambiguas en la redacción. Viviana Cifuentes Adón, del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (Imug), mencionó que en lo que corresponde a las mujeres siempre es importante dar atención especializada y con perspectiva de género, sin importar su condición. El representante de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, Vicente Esqueda Bustos, coincidió en que la propuesta ya se encuentra contenida en otros ordenamientos. La diputada Martha Hernández Camarena indicó que la porción que se pretende roformar ya se encuentra entre las normas vigentes tanto federales como locales, por lo que debe aplicarse para proteger los derechos humanos de este grupo poblacional. Asimismo se dio lectura a la opinión enviada por la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, misma que señala que el personal de los centros de reclusión recibe capacitaciones constantes en materia de derechos humanos y coincidió que esta reforma provocaría sobrerregulación. Finalmente, Álvarez González reconoció que existen disposiciones en ese sentido, sin embargo, la propuesta atiende a que el legislador local lance una mirada para visibilizar a un grupo particular de mujeres que viven situaciones complejas como la privación de la libertad. En un segundo momento se analizó la iniciativa que busca perfeccionar y ampliar el espectro del ámbito donde se presentan la violencia laboral y la violencia docente, en sector público y privado, así como en todos los niveles del sistema educativo en el estado de Guanajuato. El asesor del Revolucionario Institucional indicó que es importante aprobar la reforma, pues permitirá dar una tipología específica a la presentación de estas conductas que vulneran a las mujeres. Francisco Argüello, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, señaló que la adición de que la violencia puede aparecer tanto en lo público como en lo privado representa un reforzamiento de este hecho y sugirió modificar la propuesta de articulado conforme a la estructura de la norma. En tanto, la Fiscalía General reconoció el objetivo que persigue la iniciativa; sin embargo, indicó que en la exposición de motivos falta señalar que el tipo de violencia que pretende atacar se genera en una desigualdad entre hombres y mujeres, además de que la propuesta podría romper la estructura de la ley. La representante del Imug mencionó que la redacción de la propuesta es imprecisa y poco conveniente, pues confunde tipos de violencia con ámbitos de violencia.

Vicente Vázquez Bustos dijo coincidir con la Fiscalía y el Imug; por lo que llamó a ponderar la pertinencia de la propuesta.  Finalmente, la diputada Martha Hernández señaló que ya se tienen previstos ambos ámbitos en la ley, misma que debe recoger casos generales, no particulares. Además recuperó el compromiso de su Grupo Parlamentario de legislar a favor de las mujeres guanajuatenses para que tengan una vida libre de violencia. Durante la sesión estuvieron presentes las diputadas Yulma Rocha Aguilar (presidenta), Katya Cristina Soto Escamilla, Noemí Márquez Márquez y Martha Guadalupe Hernández Camarena; así como las personas servidoras públicas antes mencionadas.