El plan B de la reforma electoral no toma en cuenta la Constitución del país, pretende debilitar la vida municipal y limitar el contacto con la ciudadanía; en lugar de plantear mecanismos para fortalecer a Municipios, mejorar las formas de comunicación y la democratización de la información, está pensando en limitarla, explicó la regidora Daniela Cid González. La regidora explicó que el Plan B de la reforma a la legislación electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador contiene diversas inconstitucionalidades, no toma en cuenta la Carta Magna y representa un “golpe a la autonomía del municipio, consagrada en el artículo 115 constitucional, en donde dice que los municipios administran libremente su hacienda”. Agregó que las modificaciones a la Ley General de Comunicación, publicadas el 27 de diciembre de 2022, dejan inoperante la comunicación social de los dos mil 471 ayuntamientos en México y el límite del 0.1% del presupuesto de egresos para comunicación social, “afecta directamente el derecho de los potosinos de ser informados de forma veraz y oportunamente sobre las decisiones y políticas públicas del ayuntamiento”. Subrayó que la reducción del presupuesto para comunicación social, representa una limitación de la comunicación de la ciudadanía con los programas que lleva a cabo el ayuntamiento y ejemplificó las campañas que se llevan a cabo en la actualidad sobre la Feria de la Proveeduría, las ferias del empleo y los eventos turísticos, “informan todas las políticas públicas y los programas que se realizan dentro de la administración municipal y le sirve a la ciudanía saber qué hace la administración”. La funcionaria municipal agregó que concuerda con las controversias constitucionales que promueven diversos alcaldes del país, encabezados por la ANAC, contra la Ley general de Comunicación Social, ya que concuerda en que afecta la esfera municipal y la libertad hacendaria. Añadió que la SCJN tendrá que determinar lo que procede con las impugnaciones al Plan B y las controversias presentadas con respecto a “esta ley que está rebasando la constitución en referencia de la autonomía municipal”. “El Plan B es una forma de sabotaje al proceso electoral del 2024. Va dejar inoperante al INE y al sistema electoral, y vulnera la organización profesional y transparente que hasta ahora hemos tenido”, agregó.