San Luis Potosí, SLP.-  Las policías de San Luis Potosí enfrentan rezagos en la certificación de sus elementos y falta de información sobre los resultados de las evaluaciones de control de confianza, dos aspectos fundamentales para garantizar que quienes se encargan de la seguridad pública cumplan con los requisitos necesarios para desempeñar su labor, pues de acuerdo con el informe ‘Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico 2018-2026’, publicado por Causa en Común, durante 2025 únicamente el 58% de los policías estatales potosinos y el 55% de los municipales contaban con un Certificado Único Policial (CUP) vigente, documento que acredita el cumplimiento de requisitos relacionados con el control de confianza, las competencias básicas y el desempeño.

A este panorama se sumó la ausencia de registros sobre policías dados de baja por no aprobar dichas evaluaciones, así como de elementos que hubieran obtenido resultados no aprobatorios. Sin embargo, la falta de información no significa que ningún agente hubiera reprobado las pruebas o que no se hubieran producido bajas por esa causa.

Según la organización, el problema va más allá de los porcentajes de certificación, pues también evidenciaba dificultades para “conocer, evaluar y dar seguimiento al funcionamiento de las corporaciones”. Además, estas deficiencias forman parte de un escenario nacional marcado por rezagos en la profesionalización, la supervisión y la rendición de cuentas.

En su diagnóstico, Causa en Común advirtió que México carece de información completa y homogénea sobre el estado de sus policías, debido a omisiones en los registros oficiales, diferencias entre las fuentes y falta de seguimiento a los acuerdos nacionales en materia de seguridad.

Al respecto, señaló que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador disminuyeron considerablemente las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) y los acuerdos relacionados con el fortalecimiento policial. Asimismo, una investigación de 2022 encontró que muchos de esos compromisos carecían de plazos y estándares claros, lo que dificultaba evaluar su cumplimiento.

En materia presupuestal, la eliminación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), en 2021, dejó a las policías municipales sin una fuente específica de financiamiento federal. Aunque en 2023 fue sustituido por el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), sus recursos, según el informe, representaron apenas una cuarta parte de los destinados al esquema anterior.

Para 2026, el FOFISP recibió mil 166 millones de pesos y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), 9 mil 951 millones, ambos con incrementos cercanos al 4% respecto al año previo. En contraste, las Fuerzas Armadas recibieron 236 mil 679 millones de pesos.

En consecuencia, Causa en Común sostuvo que estas diferencias, junto con la falta de continuidad en las políticas públicas, dificultaron la construcción de instituciones policiales sólidas y profundizaron las desigualdades entre estados y municipios.

Menos policías

Las carencias también se reflejaron en el número de elementos disponibles, pues con base en los censos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el informe documentó que al cierre de 2024 México tenía 166 mil 224 policías municipales, un 6% menos que dos años antes y la cifra más baja desde 2010. Además, al menos 516 municipios, equivalentes al 21% del total nacional, carecían de una corporación policial formalmente constituida.

En cuanto a las policías estatales, los datos más recientes del instituto contabilizaron 123 mil 790 personas en funciones operativas de seguridad pública al cierre de 2025, sin incluir a la Ciudad de México. No obstante, las diferencias de cobertura entre los censos dificultaban las comparaciones.

A ello se sumó la falta de estructuras profesionales, ya que 21 de las 32 policías estatales carecían de catálogos de puestos actualizados y únicamente 17 habían constituido formalmente su servicio profesional de carrera.

Uso de la fuerza

Otro de los puntos examinados fue la regulación del uso de la fuerza. Aunque la ley nacional publicada en 2019 estableció obligaciones para regular, evaluar y documentar estas prácticas, Causa en Común encontró que únicamente 11 corporaciones estatales contaban con protocolos específicos. Además, ninguna había demostrado cumplir con la obligación de elaborar informes públicos anuales sobre el uso de la fuerza.

Esta falta de información dificultó conocer las circunstancias en las que las intervenciones policiales terminaban con personas fallecidas. En San Luis Potosí, los registros del INEGI contabilizaron civiles fallecidos en enfrentamientos con policías estatales durante los últimos seis años: dos en 2020, siete en 2021, 24 en 2022, cinco en 2023, 11 en 2024 y 10 en 2025.

Las cifras, sin embargo, corresponden a una categoría específica del instituto y no necesariamente incluyen todos los fallecimientos relacionados con el uso de la fuerza policial. Por ello, la organización advirtió que las diferencias entre registros y la falta de definiciones precisas impiden dimensionar adecuadamente estos hechos.

Condiciones laborales

Las condiciones de trabajo representaron otro de los puntos críticos. En 2024, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública estimó en 16 mil 668 pesos netos mensuales el ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades de los policías y sus familias. Pese a ello, el 55% de los policías municipales del país percibía menos de 15 mil pesos al mes.

Las diferencias también se observaron en la seguridad social, pues, mientras el 97.6% de los policías estatales estaba afiliado a alguna institución, la proporción descendía al 53% entre los municipales. A esto se añadían jornadas extensas, prestaciones limitadas y carencias de infraestructura y equipamiento.

En este último rubro, San Luis Potosí reportó contar con todo el equipamiento de protección consultado para su policía estatal, incluidos chalecos antibalas, placas y cascos balísticos, escudos y patrullas blindadas. No obstante, disponer de estos recursos no resolvía por sí solo los problemas de profesionalización, supervisión y condiciones laborales.

Las inconformidades también se manifestaron en movilizaciones policiales. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, Causa en Común documentó al menos 137 protestas en el país, de las cuales el 62% correspondió a corporaciones municipales y el 20% a estatales. Entre las principales causas figuraron los abusos laborales, los conflictos con mandos, los bajos salarios y la falta de prestaciones y equipamiento.

Corporaciones potosinas

Frente a este panorama, Causa en Común planteó fortalecer las policías mediante mayores recursos para estados y municipios, sistemas funcionales de carrera policial, capacitación continua, salarios adecuados y prestaciones acordes con los riesgos de la profesión.

Asimismo, propuso establecer auditorías para verificar el cumplimiento de los programas de profesionalización y las evaluaciones de desempeño y control de confianza, además de impulsar unidades de asuntos internos capaces de prevenir y sancionar conductas indebidas.

En San Luis Potosí, los rezagos en certificación y la ausencia de registros sobre los resultados de control de confianza constituyen indicadores relevantes para evaluar las capacidades de las corporaciones. Esto es esencial, porque, aunque los datos nacionales no permiten atribuir todas las deficiencias a una sola entidad, sí evidencian la importancia de contar con información verificable para conocer el estado real de sus instituciones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H

El diagnóstico de Causa en Común concluyó que fortalecer a las policías exige mucho más que aumentar el número de elementos o renovar el equipamiento, ya que también requiere instituciones profesionales, recursos suficientes, mecanismos efectivos de supervisión y condiciones laborales dignas, capaces de proteger tanto a la ciudadanía como a quienes desempeñan las tareas de seguridad pública.