A estas alturas ya parece ocioso afirmar que la política migratoria del presidente Donald Trump está en el centro de un huracán político y que la forma en que su gobierno la ejecuta es el eje de un brutal debate que bien puede redefinir a los Estados Unidos.

Por lo pronto, parece quedar bien poco de los sentimientos expresados en el célebre poema de Emma Lazarus, aquel grabado en la Isla de Ellis en la base de la Estatua de la Libertad, que pedía "Dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres, Vuestras masas hacinadas anhelando respirar en libertad,

El desamparado desecho de vuestras rebosantes playas. Enviadme a estos, los desamparados, sacudidos por las tempestades".

Ahora... El gobierno estadounidense ha puesto bien claro que no tiene problema con los migrantes, siempre y cuando sean blancos sudafricanos, suecos o noruegos, o puedan pagar cien mil dólares por una visa de trabajo ó cinco millones de dólares por una de las llamadas "Visas Trump", de residencia permanente. El tema va mucho más allá.

De acuerdo con reportes de prensa, la policía de Inmigraciòn y Aduanas (ICE) ha adquirido o está en vías de comprar tecnología y equipo de vigilancia por más de 300 millones de dólares, para el monitoreo de herramientas de seguimiento de redes sociales, reconocimiento facial, lectores de placas de circulación y servicios de localizaciòn de personas.

El ICE afirma que esas compras ayudarán a cumplir con sus actividades y en especial con la promesa del presidente Donald Trump, de llevar a cabo la mayor deportación de "criminales" en la historia estadounidense. 

Pero la realidad es que los arrestos y deportaciones han sido más de migrantes más o menos establecidos, en centros de trabajo, escuelas o casas, en "razzias" frecuentemente violentas. Peor aún, al menos hay 170 casos de ciudadanos detenidos por su pura apariencia física y al menos 30 personas han muerto en centros de detención del ICE.

El incremento de agentes del ICE, que de alrededor de 20 mil en 2024 habría llegado a unos 30 mil en 2025, y su interés en la adquisición de herramientas de vigilancia ultrasofisticadas provoca temores no solo entre inmigrantes sino también entre abogados de derechos civiles respecto al respeto a la privacidad de los estadounidenses.

La preocupación es que los usos vayan mucho más allá de la cuestión migratoria. Por un lado, el gobierno Trump ha fortalecido las capacidades policíacas y debilitado salvaguardas legales para el uso de datos privados, en lo que según algunos críticos podría llevar a una enorme expansión de programas de vigilancia doméstica.

Peor aún, las autoridades y muy en especial el ICE parecen determinados a lanzarse en contra de los críticos, al grado que actos que hoy parecen normales en las calles estadounidenses -y muchos lugares del mundo-, como videograbar acciones policiales, son considerados en sí mismos como posibles delitos. Después de todo, contradicen una verdad oficial y peor todavía, el propio Trump ha señalado que sus críticos deberían ser castigados.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS  

COLABORADOR   

[email protected]          

@CARRENOJOSE