La Secretaría de las Mujeres del estado de Querétaro presentó una agenda de acciones para fortalecer el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y ampliar medidas contra personas que incumplen con el pago de pensiones alimenticias.  El senador, Agustín Dorantes, indicó que entre las acciones impulsadas se encuentra solicitar el certificado de no adeudo alimentario para trámites como licencias de conducir, contrataciones dentro del gobierno estatal, impedir que deudores alimentarios reciban programas sociales, inscripción de oficio en el registro de deudores cuando se detecten 3 meses de impago e informar sobre la condición de deudor alimentario a quienes deseen contraer matrimonio. “Lo que buscamos es el cómo sí”, señaló durante su intervención, en la que también afirmó que la legislación vigente no se aplica de forma uniforme en las entidades del país. Durante el evento se informó que una de las propuestas consiste en que jueces familiares registren automáticamente a personas deudoras cuando acumulen meses de incumplimiento en el pago de pensiones, sin necesidad de que la parte afectada solicite el trámite. Dorantes mencionó que actualmente existen casos en los que mujeres no inician procesos legales por falta de recursos económicos o desconocimiento de los mecanismos disponibles. También expuso que se planteó solicitar información fiscal de las personas obligadas al pago de pensiones para detectar inconsistencias entre ingresos reportados y montos establecidos en los juicios familiares. Sonia Rocha informó que la Secretaría de las Mujeres ampliará el servicio de representación legal gratuita para mujeres que busquen exigir pensiones alimenticias.

Detalló que la atención se brindará desde distintos puntos del estado, incluidos municipios de la Sierra Gorda, semidesierto y San Juan del Río. De acuerdo con cifras expuestas por los organizadores, en el padrón referido hay 208 personas registradas, de las cuales siete son mujeres y 201 hombres. Como parte de la estrategia también se anunció la intención de impulsar convenios con empresas privadas para limitar contrataciones de personas inscritas en el registro de deudores alimentarios.