De acuerdo con el CIEP, el gasto federal en pensiones alcanzará 6.1 por ciento del PIB en 2024, lo que representa casi la mitad de la recaudación tributaria El principal escollo para impulsar una reforma al sistema de pensiones que permita una tasa de remplazo de 100 por ciento es la limitante que significan las finanzas públicas. La realidad es que ni siquiera en los países desarrollados se ha logrado que los trabajadores se puedan pensionar con el último sueldo, siendo un caso relevante el de Dinamarca, donde se pensionan con 80 por ciento de sus percepciones. El caso es que el planteamiento hecho el fin de semana pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que busca revertir el actual sistema de retiro con las Afores y que surgió de la reforma realizada en 1995 en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, se ve muy cuesta arriba, y de lograrse revertir, se crearía un escenario preocupante para la economía. Para Héctor Juan Villareal, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, la inquietud por el futuro del sistema de pensiones se intensifica debido a dos razones clave: la inminente presión financiera a corto plazo y las consecuencias a mediano y largo plazo derivadas del envejecimiento acelerado de la población mexicana. En una evaluación detallada de los pilares que sustentan el sistema de pensiones, Villarreal destaca que cualquier discusión del tema tiene que comenzar de elementos que pueden presionar a las finanzas públicas. Hablamos de que el “Pilar 0”, el cual aborda las pensiones no contributivas donde están los apoyos a los adultos mayores, ha crecido de manera sustancial con la 4T, pero donde las proyecciones de ingresos y gastos a futuro plantean desafíos para mantener su viabilidad, en el entendido que de acuerdo a la Constitución ya es un derecho universal. Añada el llamado “Pilar 1”, conocido como sistema de beneficios definidos, y que consiste en las contribuciones que hacen los trabajadores en su vida laboral y pagos durante la jubilación, donde ampliar esta última implicaría una carga fuerte para las finanzas públicas en la medida en que más mexicanos nos hacemos viejos. Queda claro que una reforma de gran calado al sistema de pensiones debe implicar el esfuerzo de gobierno, trabajadores y empresas donde en los últimos años sólo han sido los empleadores los que por decisión propia han elevado la contribución a las cuentas de ahorro para el retiro a partir de la reforma de 2020. En un año electoral ampliar el ahorro obligatorio de los trabajadores sería impopular, y pensar que el gobierno federal pueda elevar esa aportación cuando este año el déficit fiscal llegará a 5.5 por ciento, sería para la actual administración darse un balazo en el pie. Es por ello, que a decir de los analistas la reforma a las pensiones planteada por el presidente López Obrador tiene más un sentido electorero que real, a unas semanas que inicien las campañas rumbo a las elecciones federales de 2024. POR ROGELIO VARELA

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