Con el propósito de que el bloqueo de cuentas se realice con reglas claras y respetando los derechos de los usuarios, la bancada priista en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa que condicionaría esa medida a un proceso judicial.

Hoy en México existe la preocupación real de que el gobierno puede congelar el dinero de cualquier persona con base en sospechas poco claras y sin un proceso judicial previo. Esto pone en riesgo algo básico: que cada quién tenga acceso a su propio dinero”, explicó el coordinador del grupo parlamentario, Rubén Moreira Váldez.

Al exponer el contenido de la propuesta ante los medios de comunicación, el líder parlamentario comentó que ésta busca poner orden y evitar abusos cuando la Unidad de Inteligencia Financiera aplique las facultades que le concedió en días anteriores la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Recordó el diputado Moreira que ahora mismo se puede bloquear una cuenta sin que un juez lo autorice, pues no hay reglas claras sobre qué se considera un indicio suficiente o una sospecha.

Para el líder parlamentario opositor resulta preocupante que, como quedaron las cosas por la Corte, la misma autoridad decide, ejecuta y sanciona; y cualquier persona puede quedar sin acceso a su dinero de un día para otro.

Alertó que esto puede afectar a ciudadanos que no han cometido ningún delito, convirtiéndose en un atentado contra la presunción de inocencia.

La iniciativa plantea que sea un juez quien determine si se debe o no congelar las cuentas bancarias; se definan qué pruebas se necesitan para tomar esa decisión; se cumplan, por lo menos, dos elementos que sean considerados objetivos y comprobables; se garantice que la persona pueda defenderse; y se eviten decisiones arbitrarias basadas en suposiciones.

Aclaró el jefe de los priistas en San Lázaro que de ninguna manera se busca entorpecer el combate al crimen organizado, sino de que éste se realice “con reglas claras y sin abusos a personas inocentes, ya que bajo este régimen se violan principios constitucionales fundamentales como los contenidos en los artículos 14, 16 y 20 de nuestra Carta Magna”.

La iniciativa, enfatizó, busca dar garantías al ciudadano contra el poder del Estado.

Diputados avalan que SICT pueda construir obras públicas del sector salud

En días pasados, tras concluir la votación del Plan B, se levantó la sesión y en seguida se abrió otra para sacar adelante el dictamen que adiciona la fracción I Sexies al artículo 36 de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de construcción de obras públicas del sector salud.

Con 37 votos en contra del PRI y 423 a favor del resto de las bancadas se aprobó esta iniciativa presidencial que fue enviada al Senado para continuar con el proceso legislativo.

De esa manera, por acuerdo unánime de todos los coordinadores de las seis bancadas, se adelantó la agenda que habría de desahogarse en la sesión del mediodía del jueves. La adelantada sesión duró 50 minutos y se citó a los diputados para el próximo martes.

La reforma presidencial busca facultar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a participar, a solicitud de las autoridades federales, en la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación y habilitación de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, incluyendo establecimientos destinados a la prestación de servicios de salud, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

El grupo parlamentario del PAN previó que se estaría contribuyendo a quitar responsabilidades al Ejército y a la Marina en materia de infraestructura.

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Con información de Excélsior