María Magdalena Malpica Cervantes emitió diversas “órdenes judiciales” en contra de María del Pilar Cruz Roballo, accionista minoritaria de dicha empresa especializada en ventas por televisión ¿SE ACUERDA QUE hará como dos meses que le platicamos sobre el pleito y juicio interaccionistas de CV Directo que se sigue ante la Juez Noveno de lo Civil de la Ciudad de México? María Magdalena Malpica Cervantes emitió diversas “órdenes judiciales” en contra de María del Pilar Cruz Roballo, accionista minoritaria de dicha empresa especializada en ventas por televisión. Pues bien, por resolución del día 21 de agosto, el primer round de la disputa se dictó en favor de Cruz Roballo. En este sentido, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el expediente 310/2023, concluyó que fue correcta la suspensión de las órdenes cautelares dictadas por la jueza. Dicha jueza intentó constituir un derecho en favor de Luis Epelstein Rapaport, consistente en el reconocimiento del pago de emolumentos al Consejo de Administración, cuando en realidad la asamblea de accionistas había determinado no otorgarlos. Con lo anterior, no solo quedan suspendidas las medidas ilegalmente dictadas por la jueza Malpica, sino que además quedan sin justificación las cantidades ilícitamente dispuestas por Luis Epelstein y su hijo Samuel Epelstein, de acuerdo a una orden judicial contra la que no cabe recurso alguno, cuestión que tendrá un impacto inmediato en los procedimientos penales abiertos contra ambos. Además, el mismo día en que se resolvió el tema por el Tribunal Colegiado, Luis Epelstein publicó un desplegado contra Cruz Roballo y a su supuesta participación en la obtención de medidas similares ante el Juzgado 73 de Civil, con la ayuda de un despacho de abogados que supuestamente alberga a familiares del juez. Pues bien, resulta que la carta abierta fue tan solo un intento para disimular el resultado del juicio, toda vez que está constituido por un cúmulo de falsedades. La señora Cruz Roballo jamás solicitó medidas cautelares; no existen ni han trabajado jamás familiares del juez en el despacho; el grupo de accionistas minoritarios no está representado por Ramón Andreú Zermeño, quien no es accionista, y nunca se tomó la administración o el dinero de la sociedad. Ante la resolución firme que protege a Cruz Roballo, y la irregular táctica para distraer a la opinión pública, trascendió que el viernes se presentó una demanda por daño moral contra Luis Epelstein. También se presentó copia de dicho desplegado ante los tribunales extranjeros que ya conocen de la disputa para que puedan verificar los extremos a los que dicho litigio ha llegado. LE PLATICÁBAMOS EL viernes del primer encontronazo dentro del sector privado con motivo de las elecciones presidenciales de junio de 2024. Fue entre la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, que preside José Antonio García Herrera, y el Consejo de la Comunicación, que encabeza Francisco Casanueva. Previamente, el primero había circulado entre los asociados un aviso en el que solicitaba retirar, “hasta nuevo aviso”, todo apoyo brindado al Consejo de la Comunicación hasta en tanto acordaran una postura en la Junta de Consejo. El punto es que dicho consejo se celebró ya la semana pasada y todos los grupos radiofónicos y de televisión votaron por unanimidad romper relaciones. No se sabe bien porque el Consejo optó por alinearse a los intereses de la nueva presidenta del INE y a los designios del gobierno de la 4T. Algunos creen que Casanueva, director de Interprotección, un broker asegurador, pudo haber estado influenciado por Rolando Vega Sáenz, dueño de la aseguradora Atlas y presidente del Consejo Mexicano de Negocios. EN HACIENDA, QUE comanda Rogelio Ramírez de la O, siguen arrastrando el lápiz para definir el mecanismo con el cual comprará los hospitales que bajo la fórmula de Asociaciones Público-Privadas se tienen con seis grupos empresariales. La intención es que el gobierno de la 4T asuma el saldo insoluto del financiamiento que les dio Banobras, que dirige Jorge Mendoza, pagándoles además 20% de su equity más los flujos futuros del plazo que les resta a valor presente. La fórmula llevaría a los pupilos del presidente Andrés Manuel López Obrador a liquidar casi 50 mil millones de pesos a los concesionarios. Hablamos de Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir; GIA de Hipólito Gerard, e Invex de Juan Guichard, además de las españolas Sacyr, que capitanea Manuel Manrique, y Acciona, que comanda José Manuel Entrecanales. ESTA SEMANA EL IMPI resolverá una serie de procedimientos administrativos sobre caducidad de ciertas marcas de Google. El antecedente deriva del juicio civil que el abogado Ulrich Richter entabló contra el gigante de Larry Page en el que al inicio manifestó que no contaba con domicilio en México. Fue cuando Richter cuestionó cómo podría usar sus marcas si no contaban con una oficina local y emprendió la batalla legal por la caducidad de las marcas al no acreditarse el uso de ellas. La batalla inició en 2017 y seis años después habrá un fallo. Google es representada por Goodrich Riquelme, vía Enrique Alberto Díaz Mucharráz, y Richter integró un equipo con el despacho Obón abogados, de Ramón Obón Leon y Ramón Obón García. Así que las marcas de Google estarían en jaque y el desenlace podría cimbrar a la firma de Mountain View. NO SE DESCARTA que Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, termine proveyendo pilotos a la nueva Mexicana de Aviación. Y es que son los únicos certificados disponibles para manejar los Boeing 737 que surcarán los cielos en tan sólo cuatro meses. No hay mucho tiempo para capacitar pilotos de Airbus que quedaron desempleados tras el cierre de Interjet, amén de que certificar a cada uno cuesta en promedio 50 mil dólares. Sin embargo, lo de las tripulaciones es asunto menor frente al tema de la legislación que regirá a esta Mexicana: ¿Se someterá a una ley civil o a una militar? Una hará toda la diferencia en la competencia con la misma Aeroméxico, Volaris, de Enrique Beltranena, y Viva de Roberto Alcántara. A PROPÓSITO DE Interjet, fíjese que el liquidador Alfonso Ascencio Triujeque ya solicitó a Airbus, que preside Guillaume Faury; Banorte, de Carlos Hank González; American Express, que dirige Santiago Fernández, y a WorldPay, que lleva Juan D' Antiochia, información sobre los contratos que en su momento la familia de Miguel Alemán firmó con ellos. En el primer caso, para la adquisición de aviones y en los otros acuerdos para la compra de boletos. Se argumentan adelantos y pagos que habrían quedado en la masa concursal. En el expediente de ese proceso que ahora le toca cerrar a Ascencio, los anteriores administradores de Interjet aseguraban que sólo por esos conceptos hay 152 millones de dólares. EFECTIVAMENTE, SON 250 millones de dólares los que Jared Kushner tiene planeado invertir en Quintana Roo para el desarrollo inmobiliario. Pero no se descarta que la cifra aumente y tampoco que se expanda a otras regiones del país, siempre dentro del sector turístico. El yerno del ex presidente Donald Trump, que como se ve, está regresando al ámbito político, trae atrás fuertes recursos árabes para su incursión a México. Affinity Partners, su firma de capital de riesgo, trae en la panza más de 2 mil millones de dólares de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes. Ya ha habido varias pláticas con Fibra UNO, de Moisés El-Mann y que dirige Gonzalo Robina, que sería la contraparte de Affinity. POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE