Como parte del Plan integral contra el abuso sexual, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, reveló la propuesta del gobierno de México de establecer pena de hasta 7 años de prisión, multa y obligación a los agresores sexuales además de tomar talleres y realizar servicio comunitario. Desde Palacio Nacional, en la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria federal expuso sobre la propuesta de reforma al artículo 260 del Código Penal Federal que establece una sanción de tres a siete años de prisión y multa de doscientas a quinientas veces el valor diario de la (UMA) a quien cometa este delito. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la secretaria aseguró que las mexicanas no están solas, pues el gobierno ha implementado una serie de iniciativas y programas para ayudar y evitar este tipo de actos. La secretaria aseguró que las mexicanas no están solas, pues el gobierno ha implementado una serie de iniciativas y programas. Foto: Eduardo Jiménez  Los agresores sexuales deberán: Acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres y/o

Realizar servicio comunitario orientado a las medidas de no repetición y a la promoción del cambio cultural hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. En este contexto, la jefa de Estado, presentó también diez compromisos que tiene su administración para combatir la violencia contra las mujeres, los cuales son: Difundir la campaña permanentemente. Acompañar en el proceso de homologación del tipo penal de abuso sexual. Garantizar que ninguna denuncia sea desechada o desestimada. Instalar una mesa de coordinación con las instancias federativas. Garantizar todos los derechos para todas las mujeres en todas las entidades del país.

Creación de senderos seguros. Realizar actividades para fomentar la igualdad y el trato con respeto entre niñas y niños. Capacitar y certificar a las y los servidores públicos. Instalar una mesa de trabajo permanente entre la Secretaría de Mujeres, el Poder Judicial y las fiscalías.

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  Acompañar con acciones puntuales la atención integral a las víctimas indirectas de feminicidio. --- Con información de Excélsior