La senadora Geovanna Bañuelos propuso fortalecer la Ley Federal de Protección al Consumidor con la finalidad de dar mayores facultades a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para garantizar la defensa de los derechos de los consumidores, prevenir abusos y prácticas de consumo justas.   Mediante una iniciativa que reforma los artículos, 13, 14, 16, 24, 25, 26, 32, 48, 58, 65, 103, 111, 112, 114, 128 134 y 134 Bis de dicha ley, a nombre propio y del senador Miguel A. Lucero Olivas, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo aclaró que la iniciativa no pretende inhibir, atentar o dañar el comercio.  Por el contrario, dijo, se busca el fortalecimiento de la capacidad de la Profeco en defensa de las y los consumidores. En este sentido, explicó que plantea que las infracciones impuestas a proveedores de bienes o servicios por obstaculizar o impedir, visitas de verificación no puedan ser condonadas, reducidas o conmutadas. También, propone ampliar el plazo de prescripción de los derechos y obligaciones establecidos en la presente ley cuando se afecten los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el cual será hasta que cumpla la mayoría de edad o diez años, el plazo que resulte más largo y cuando las afectaciones hayan puesto en peligro la vida, la salud o la seguridad de uno o más consumidores, el término de prescripción será de diez años. De igual forma, es fundamental armonizar las obligaciones de los proveedores y empresas en el uso de datos con fines mercadológicos o publicitarios de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales. “Buscamos brindar recursos a la Procuraduría Federal del Consumidor para atender a las y los consumidores. Por ello proponemos que los ingresos derivados del cobro de multas impuestas por la Profeco se destinen a la operación de las delegaciones, subdelegaciones y demás unidades administrativas de la Procuraduría en las entidades federativas. Esta medida, dará mayor capacidad de operación a dicha institución”, especificó Geovanna Bañuelos. El documento presentado al Pleno del Senado, plantea también que la Profeco brinde asesoría a las personas consumidoras en materia de contratos de adhesión, ayudándoles a conocer en detalle sus derechos y obligaciones, evitando problemas derivados de cláusulas abusivas o inequitativas. “En otro rubro de la propuesta legislativa, fortalecemos a la Profeco, brindándole la atribución para suspender la venta de bienes, productos o servicios, cuando en sus verificaciones y demás procedimientos previstos por la ley o por información o alertas de otras autoridades o agencias, sean detectados como dañinos o que pongan en riesgo la vida, la salud o la seguridad del consumidor”, indicó. Asimismo, Geovanna Bañuelos, propone ampliar la atribución de la Procuraduría para ordenar el llamado a revisión de bienes o productos riesgosos cuando obtenga información motivo de sus verificaciones y otros procedimientos previstos por la Ley Federal de Protección al Consumidor o a través de la colaboración e intercambio de información con otras agencias o autoridades. “Buscamos dar mayor visibilidad a los casos en que la Profeco ejercite una acción colectiva ante actos, hechos u omisiones que vulneren derechos e intereses de una colectividad o grupo de consumidores”, explicó. Un punto a destacar de la reforma presentada es que se plantea que la publicidad sobre los precios que se presenten a los consumidores, deberá ser el monto total por pagar incluyendo impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo de la adquisición del bien o contratación del servicio, sea ésta al contado o a crédito. “Lamentablemente en nuestro país todavía somos testigos de actos de discriminación en las relaciones de consumo, aún y cuando ya existen algunas previsiones al respecto en nuestro marco normativo”, mencionó.  Por ello, se establece en la ley que no podrá haber preferencias o discriminación alguna a personas por su aspecto físico, su color de piel, rasgos físicos o vestimenta por parte de proveedores de bienes y servicios. Estas conductas discriminatorias se consideran casos particularmente graves, de infracciones a la ley. La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Economía y de Estudios Legislativos para su análisis y posterior dictamen.