Con la finalidad de reformular el tipo penal de terrorismo para ampliar su espectro de protección social, así como establecer la figura equiparada de terrorismo o ciberterrorismo, cuando los hechos en los delitos informáticos tengan la misma finalidad de causar miedo, perturbar la paz social o atacar a las instituciones de gobierno estatal o municipal, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa de reforma al Código Penal estatal. Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, el diputado Alejandro Arias Ávila se refirió a los acontecimientos ocurridos en diferentes municipios del estado como San Miguel de Allende, San Felipe, Jerécuaro, Acámbaro, Celaya, Villagrán e Irapuato, en los que, tanto los particulares como las instituciones de seguridad pública y sus instalaciones han sufrido ataques armados con explosivos mediante coches bomba y drones direccionados, así como la ejecución de policías estatales y municipales en forma sistemática, la quema de negocios, el cierre de calles carreteras mediante la obstrucción de vehículos que incendian, entre otros. Indicó que esos hechos son acciones delincuenciales que tienen bajo terror y miedo constante a las personas y sus familias. En ese sentido, precisó que no se ha querido reconocer que las conductas han rebasado el actual tipo penal de terrorismo, por ello, debe reformularse e incrementarse la sanción como lo ha hecho el Código Penal Federal, en cuya legislación ha dejado de ser el tradicional delito para conductas que están relacionadas con el entorno político exclusivamente y ha abierto sus supuestos a conductas abiertas que protejan a la sociedad de hechos tan severos que sin duda deben ser consideramos como terrorismo. “Es tiempo de actuar desde nuestro espacio legislativo y por ello presentamos la presente iniciativa para reformular las conductas de terrorismo, hacer sancionable la sola amenaza de actos terroristas y al encubridor de este delito, así como una figura equiparada al terrorismo en el caso de delitos informáticos cuando los hechos se realicen con el mismo fin que el señalado por el legislador para el delito de terrorismo”, puntualizó el congresista. Agregó que el tipo penal actual es insuficiente porque solo comprende los delitos de corte políticos y debe evolucionar a expandir la protección a conductas que hoy aquejan a esta entidad, y que sin duda alguna generan temor y terror en la población o algún sector, por lo que obviamente constituyen el delito de terrorismo. “Que el gobierno no nos quiera confundir, hay actos terroristas no sólo en Guanajuato sino en otros estados y a diario somos testigos de estos a través de las noticias, sin que el gobierno federal quiera reconocer este fenómeno, y algunos gobiernos de los estados han seguido esta línea sólo por fines políticos”, remarcó Arias Ávila. La propuesta contempla que se le impondrá de quince a cuarenta años de prisión y de ciento cincuenta a mil días multa quien realice cualquier delito considerado como grave por este Código contra la vida o la integridad física, la libertad, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, uso de armas de fuego, artefactos tecnológicos o drones, inundación, así como el apoderamiento y daños colectivos a medios de transporte o de mercancías, que tengan como finalidad perturbar en forma grave la paz o la seguridad pública o generar miedo y alarma social en la población, menoscabar la autoridad, o bien, desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas, de seguridad pública, de procuración y administración de justicia y de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. De igual manera, se pretende establecer que se considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos tipificados cuando los hechos se cometan en contra de instituciones gubernamentales estatales o municipales, organismos autónomos o cualquier entidad pública. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.