Debido a que pone en riesgo la información privada de los usuarios de un teléfono celular, además de que no garantiza ser una herramienta efectiva para combatir delitos, el próximo lunes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá la inconstitucionalidad del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut). El proyecto de resolución, a las acciones de inconstitucionalidad 82/2022 y su acumulada 86/2022, fue elaborado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Los recursos fueron presentados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como por senadores de oposición en contra del decreto de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), publicado el 16 de abril de 2021, en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Datos biométricos Para la creación del PANAUT, las autoridades involucradas, entre ellas las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) proponen la creación del Panaut, con la información de identidad del propietario de una línea celular, con alguno de sus datos biométricos por definir, como rostro, huellas dactilares o iris. Uno de los argumentos de la autoridad fue la facilidad para investigar a los responsables en la comisión de delitos, en los que se usa algún aparato de telefonía celular. “Pero aun suponiendo que el PANAUT fuera una herramienta que facilite en mayor medida la identificación de los presuntos responsables de un delito, lo cierto es que este aspecto no conduce a sostener necesariamente que la medida es más idónea para colaborar con la autoridades de justicia en relación con la comisión de un delito, pues dicha identificación constituye solo uno de los elementos de aquello que debe investigarse a fin de poder fincar las responsabilidades y establecer las sanciones correspondientes”, se argumenta en el proyecto. Además, se establece que el decreto de reforma a la LFTR del año pasado no garantiza la protección de los datos para la integración del Panaut, al no dejar en claro quiénes serán las autoridades y funcionarios que tengan acceso a la misma. “La causa que genera la afectación a los derechos humanos a la privacidad, intimidad y protección de datos personales es el sistema normativo que crea y regula en PANAUT, por tanto, si dicha afectación no resulta razonable, la consecuencia es que debe anularse el sistema normativo que la genera”, plantea la ministra Pina Hernández en su proyecto. De acuerdo con la resolución, el marco legal vigente ya cuenta con elementos para ayudar a las autoridades encargadas de la investigación de los delitos, en relación con el uso de aparatos de telefonía en la comisión de los mismos. “La Ley Federal de Telecomunicaciones y el Código Nacional de Procedimientos Penales ya prevén una serie de mecanismos igualmente idóneos para colaborar con las autoridades de justicia en relación con la comisión de delitos, especialmente de los cometidos mediante telefonía celular, pero que resultan menos restrictivas de los derechos a la privacidad y protección de datos personales”, se indica en el proyecto que será discutido el lunes 25 de abril. --

Con información de Excélsior