Primero lo primero: ¿se realizará, o no, el ejercicio de revocación? Han habido, y siguen existiendo, grandes nubes negras sobre el proceso y sobre los problemas que enfrenta su realización. Una de esas nubes se refiere a qué exactamente se estará votando, de realizarse la elección. Debiera ser un ejercicio impulsado por la ciudadanía desafecta al ejercicio del gobierno, exigiendo la revocación del mandato presidencial. Pero, oh sorpresa, quien se ha apoderado del proceso y quien impulsa su realización es el mismísimo Presidente, no buscando su revocación, sino añorando su ratificación. Se ha pervertido la definición constitucional de la revocación para convertirla en la ratificación a un Presidente crecientemente autocrático, y que fue electo por seis años. Otra nube negra ha sido la recolección de las firmas “ciudadanas” pidiendo la “ratificación, no revocación” del mandato presidencial. La recaudación de las firmas ha sido una operación del gobierno, no una de ciudadanos libres. Mayormente se recaudaron firmas de beneficiarios de programas sociales del gobierno, obligados a cooperar con los funcionarios públicos conocidos como Servidores de la Nación, bajo la amenaza de perder su beneficio social si se negaban a firmar. El Presidente anunció, orgulloso, que habían juntado 10 millones de firmas, sin reparar en que estaba revelando que fue un ejercicio financiado por el gobierno, lo cual es patentemente ilegal bajo la legislación electoral vigente en México. De esas firmas, más del 45% tienen inconsistencias, según ha comprobado el INE, lo cual sugiere manipulación ilegal de documentos oficiales por parte de los funcionarios que los presentaron. Lo que procede son las denuncias penales correspondientes contra esos funcionarios federales. Una tercera nube que ensombrece el evento revocatorio se refiere a que el gobierno y Morena están usando el debate sobre el financiamiento de la elección para desacreditar al Instituto Nacional Electoral (INE) e, incluso, impulsa el encarcelamiento de sus miembros más prominentes, empezando por Lorenzo Córdoba, su presidente. López Obrador ha querido destituir a los integrantes del INE desde que ocupa el poder, pues no quiere árbitros independientes vigilando las elecciones, sino operadores sujetos a su voluntad. La destrucción del INE ha sido un objetivo suyo largamente acariciado. En este confuso, politizado y nublado ambiente se prepara la realización de una elección de “revocación” el próximo 10 de abril. Para que tenga validez legal el resultado deberá participar, como mínimo, el 40% del padrón electoral, que serían unos 36 millones de electores. El Presidente y los suyos dicen que juntaron 10 millones de firmas, pero la evaluación del INE es que, hasta el momento, por lo menos el 50% son firmas falsas. Y si el otro 50% son producto de la coacción y el chantaje, de verdad es que el “ejército” morenista carece de toda legitimidad. Cosa de recordar que, antes del ejercicio del 1 de agosto pasado, que pedía el enjuiciamiento de todos los ex presidentes, las encuestas decían que una amplia mayoría de mexicanos estaban decididos a votar a favor. A la mera hora votó entre el 6% y el 7% de los posibles electores, desmintiendo lo dicho por las encuestas de que una amplia mayoría iba a salir a votar por la medida. Estos ejercicios de supuestas “consultas populares”, inventadas por el gobierno para legitimar y refrendar sus resentimientos y prejuicios históricos, no representan ningún atractivo para la inmensa mayoría de los mexicanos. Además la convocatoria a participar en un evento cuyo objetivo primordial es polarizar y dividir a la sociedad mexicana no ofrece un estímulo efectivo para la participación. Las 10 millones de firmas presentadas por el gobierno son una bufonada donde los únicos engañados son el Presidente y sus seguidores. El resultado del voto revocatorio será el mismo que se dio el 1 de agosto pasado: poca participación ciudadana, casi exclusivamente por parte de los adictos a Morena y el Presidente, además de algunos pocos despistados más. Aún así, y con pocos votos, el Presidente hará alarde de sus pírrica victoria y, como sucedió el pasado 1 de agosto, el ejercicio caerá en la irrelevancia, por la baja participación y su falta de legitimidad. Debido a ésta situación, el conjunto de la sociedad libre deberá definir su postura sobre qué hacer ante la convocatoria del 10 de abril. La realización del revocatorio parece ser el momento ideal para lograr tres objetivos. El primer objetivo es la creación de un gran frente nacional contra la polarización y la evasión de sus responsabilidades públicas que pretende el gobierno al promover este ejercicio. Organizaciones ciudadanas, partidos políticos y agrupaciones profesionales y de profesionistas, además de empresariales, instituciones educativas públicas y privadas, movimientos de mujeres y agrupaciones campesinas, sindicales y de los pueblos originarios: todos tienen un lugar en el esfuerzo por articular y orientar nuestras energías hacia la recuperación del mando del país haciendo caso omiso del juego oficialista de evadir sus responsabilidades promoviendo una consulta deslegitimada y sin caer en la polarización que pretende. Un segundo objetivo es convocar a la ciudadanía a NO participar ni en la promoción del voto y mucho menos a asistir a votar el día 10 de abril. En este caso la abstención es un acto político activo y participativo al no caer en el juego que hace el gobierno de promover un evento para su autosatisfacción y la polarización. El acto de no votar es la mejor forma de elevar la voz en contra de un gobierno incompetente y de oídos sordos. Es un hecho que una gran mayoría de los 90 millones de posibles votantes habrán de boicotear ésta elección. El último objetivo es que el revocatorio ofrezca un espacio público para que todos los sectores sociales puedan articular, expresar y promover sus causas más sentidas, denunciando a un gobierno frívolo que, en vez de resolver los problemas del país, los evade organizando eventos inútiles como el que comentamos. Incluso, este será el momento ideal para descubrir cuánto le costará la elección a los ciudadanos y, por tanto, cuántos fondos necesarios se eliminan que debieran servir para resolver los problemas urgentes de una sociedad que sufre de desempleo, carestía, efectos de la inflación, corrupción y el deterioro en la calidad de vida de todos, en medio de una creciente inseguridad. En el transcurso de los meses de febrero y marzo debemos articular campañas en defensa de las instituciones de educación que sufren el embate del gobierno en su contra, privadas y públicas, y levantar las voz de millones exigiendo la protección al medioambiente y el planeta, además de la compra de medicinas para todos, y muy especialmente para los niños y niñas con cáncer. También debemos exigir una política de seguridad efectiva, repudiando la actual política de convivencia con el crimen organizado. Y plantear la reorientación del gasto público hacia el estímulo económico para la creación de empleos, rechazando la política orientada a salvar a PEMEX de sí misma y la construcción de obras como el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles, que no demuestran tener viabilidad económica. Es la política equivocada de echar dinero bueno al malo. Hoy la prioridad del país es poner las demandas de la sociedad en el lugar número uno de la agenda nacional, quitándole de ese lugar al inútil revocatorio que promueve el Presidente. Primero el pueblo, y después, si hay tiempo, interés, dinero y paciencia para ello, los deseos de la burocracia política. POR RICARDO PASCOE PIERCE

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