Llegó a la Cámara de Diputados la Reforma Electoral, iniciativa presentada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que busca reformar 18 artículos de la Constitución para, entre otros cambios, transformar al Instituto Nacional Electoral (INE), eliminar la representación plurinominal y replantear el financiamiento de los partidos políticos. La coalición Va por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, manifestó su rechazo a la iniciativa y descartó la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones para discutir la reforma, por lo que en su caso se debatiría a partir de septiembre. En conferencia de prensa, los líderes parlamentarios del PAN, Jorge Romero, del PRI, Rubén Moreira, y del PRD, Luis Cházaro, manifestaron que no hay condiciones de diálogo por la campaña de Morena y sus aliados para exhibir a los legisladores de oposición como “traidores a la patria” por sus votos contra la Reforma Eléctrica. El presidente López Obrador envió a la Cámara Baja la reforma constitucional en material electoral, a la que llamó “reforma democrática”, que propone eliminar el INE y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEyC). El organismo autónomo estaría integrado por siete consejeros, cuatro menos que en la actualidad, quienes serían elegidos a través del voto popular de una terna de 60 personas propuestas por los tres Poderes de la Unión. Estaría a cargo de las elecciones de todo el país, lo que significa la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), y de los Tribunales estatales. La penúltima reforma constitucional que tiene pensada López Obrador durante su Administración busca, además, eliminar las diputaciones plurinominales y reduce de 500 a 300 los integrantes en el Palacio de San Lázaro y a 96 los del Senado de la República. A nivel local, limitará también el número de diputados en congresos locales en un rango de 15 a 45, dependiendo la población de la entidad, y pone un límite de nueve regidores para la integración de los ayuntamientos. Considera la eliminación del financiamiento público ordinario a partidos nacionales y locales, conservándolo únicamente para campañas electorales. Y, por último, reduce costos de los procesos electorales. Las medidas significarían un ahorro de 24 mil millones de pesos y, según el presidente López Obrador, ayudaría a terminar con una historia de fraudes que provocaron los actuales niveles de pobreza y violencia. --

Con información de López-Dóriga Digital