Como “anillo al dedo” cayó al director general del ISSSTEZAC, el anuncio hecho ayer por el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández, quien, ante el gobernador David Monreal y el pleno de los diputados locales, se comprometió a que la próxima semana a entablar una mesa de acuerdos para atender, con apoyos extraordinarios, la problemática financiera de Zacatecas en materia de pensiones. Este importante anuncio se da en el momento en el que las malas noticias para Zacatecas llegaban con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2023, donde no hay recursos etiquetados para obras o acciones que inyecten esperanza a Zacatecas para desarrollar una economía fuerte. Pero también, este anuncio se da en el momento de mayor complicación que enfrenta el ISSSTEZAC en las últimas semanas, toda vez que ayer mismo, el Instituto de seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, fue notificado de un nuevo amparo a favor de varios trabajadores unos 112 trabajadores jubilados, por lo que tendrá que desembolsar en un plazo no mayor a tres días, la cantidad de superior a ocho millones de pesos, para saldar los aguinaldos pendientes del 2021. Los trabajadores beneficiados ante la determinación del JUEZ, son aquellos que han venido siendo representados por Adrián Cázares Espinosa, a los que ahora el ISSSTEZAC debe pagar de inmediato el aguinaldo correspondiente a ese periodo a los trabajadores que se allanaron a la demanda de amparo y que hoy, le dan un nuevo revés al instituto de pensiones. El Instituto tiene tres días para hacer el pago correspondiente, de lo contrario tendrá que afrontar la determinación judicial de embargar bienes al instituto y garantizar el pago. Bajo esta situación, ahora el ISSSTEZAC enfrenta un problema fuerte de desfinanciamiento, debido a que el monto de las pensiones es de 87 millones de pesos mensuales para la nómina de jubilados, en tanto que en el mes de diciembre tiene que erogar 156 millones pesos por el concepto de aguinaldo a la misma base de trabajadores jubilados, por lo que en caso de que no que paguen este diciembre, llegaría a deber la cantidad de 312 millones solo por ese concepto en dos años. Por esa razón, el anuncio hecho por el Secretario de Gobernación es oxígeno para el Instituto y el propio gobernador, quienes ahora tienen una luz de esperanza de que se puedan autorizar recursos extraordinarios para saldar esa cuenta pendiente con los trabajadores jubilados. El único problema que ahora subyace en el compromiso hecho por el responsable de la política interna del país, es que reconoce que el fondo de pensiones “lo desaparecieron  y en ese desorden administrativo pues se llevaron hasta el aguinaldo”. Hasta ahí todo, bien, pero además de los recursos si existe conciencia y los elementos legales para afirmar que se llevaron hasta el aguinaldo, la pregunta es entonces porque nos se ha procesado a nadie por esos presuntos delitos. Porque materia legal existe para llevar a la vía penal ese mal manejo administrativo. Esa es la única forma de terminar con la impunidad.