Ante la desparición de programas destinados al fortalecimiento de la seguridad pública en el país, ahora podrán obtener recursos de las cuentas de ahorro sin movimiento por más de seis años en instituciones bancarias. Una vez aprobada la reforma a la Ley de Instituciones Financieras en la Cámara de diputados federal, el dictamen pasará al Senado de la República con las dos modificaciones para su revisión. La primera referente al monto de las cuentas que pasara de 20 mil a 51 mil pesos y la otra que ya consideró como nuevo destino la seguridad pública. Con ello la federación, estado y municipio podrán allegarse de recuros para seguridad pública. De acuerdo a la exposición de motivos en las isntituciones bancarias en el país se tiene registró de al menos 10 mil millones de pesos en cuentas corrientes sin movimiento en los últimos seis años. La iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados establece que se aportaría el 45 por ciento a la federación, otro 30 por ciento a las entidades del país y un 25 por ciento a los municipios. El coordinador de los legisladores guanajuatenses, Jorge Espadas Galván, explicó que si bien ya se venía haciendo esta identificación de las cuentas sin movimiento o abandonadas, las modificaciones a la ley permiten otros destino. “Esto viene sucediendo desde hace varios años, y se modifican dos cosas, primero el destino, ya no lo van a manejar los bancos para asistencia pública, lo va manejar el gobierno destinando a seguridad pública, y luego el monto de hasta 51 mil pesos” explicó Espadas Galván. El recursos solo podrá destinarse a equipamiento, infraestructura y uniformes, entre otras necesidades de la áreas de seguridad en el país. Los bancos tienen la facultad de canalizar los recursos de las cuentas corrientes sin movimiento o abandonadas con hasta 25 mil pesos a instituciones de asistencia pública “Hay que decirle a la gente que no se preocupe, que si el Senado la avala será publicada seguramente por el Presidente, si no la avala la regresa”

En un transitorio del documento se indica que el Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá determinar de manera anual la distribución de los recursos identificados.