Ante la decisión de los Diputados de reducir el presupuesto 2024 y extinguir fideicomisos para el Poder Judicial Federal (PJF), el especialista en materia jurídica, Jorge Chessal Palau consideró que la decisión afectaría directamente a las prestaciones laborales de los trabajadores del Poder Judicial pero además se frenarían las reformas constitucionales como la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Civil. En entrevista para “Así las Cosas”, sentenció como injustificada la eliminación de los fideicomisos al señalar que se trata de un recurso que ya está presupuestado dentro del Poder Judicial, además de que también provocaría la presentación de amparos. Dijo que hay varias cuestiones que hay que tomar en consideración, la primera es que hay un dinero que ya es del Poder Judicial “y no le están pidiendo ese dinero al gobierno federal, no lo están tomando ese dinero, sí hay un aumento que se solicitó en el presupuesto de egresos, pero lo cierto es que el dinero de los fideicomisos es un dinero que ya es del poder judicial”, dijo. Explicó que hay aproximadamente 15 fideicomisos en el Poder Judicial de los cuales están planteando la extinción de 13 y son fideicomisos vinculados con pensiones y prestaciones laborales de tal manera que los principales afectados con este ataque a la autonomía del Poder Judicial de la Federación van a ser los trabajadores. Y ante la suspensión de labores de los empleados del Poder Judicial de la Federación, como protesta a la iniciativa por la que se pretenden eliminar 13 fideicomisos de ese poder, consideró que al realizarse este paro de labores a lo largo y ancho de la república se genera una repercusión en el avance de los procesos judiciales. Insistió en que los fideicomisos se han formado con ahorros y economías del propio Poder Judicial, por lo que además de afectarse la operatividad diaria, también tienen que ver con procesos que están en marcha por leyes del propio Congreso de la Unión donde se tiene que gastar mucho dinero para implementar el Nuevo Sistema de Justicia Civil. Recordó que en el 2008 se expidió la reforma constitucional y que terminó con un plazo de espera en el 2016 para implementar los juicios orales en materia penal y ahora sucede en materia civil y hay un plazo de cuatro años para que funcione plenamente en todo el país, por lo que consideró que es fundamental disponer de recursos para capacitación y espacios. “Y lo que está haciendo la presidencia de la República con sus aliados en la Cámara de Diputados es tratar de frenar este tipo de desarrollos que la propia ley ordena al Poder Judicial”, expuso. Consideró que existe un enfrentamiento real entre el presidente y el Poder Judicial ya que este último es quien le ha plantado cara al presidente para frenar innumerables violaciones a la constitución que ha querido hacer con sus reformas y sus aliados en el Congreso. “Pero, además, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en el caso de que se apruebe la eliminación de fideicomisos van a poder presentar demandas de amparo en contra de la Cámara de Diputados con altas posibilidades de éxito e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nacional puede tomar determinación que impidan la desaparición de fideicomisos lo que va recrudecer más el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial”, concluyó.