En una democracia robusta, las instituciones equilibran el poder y protegen los derechos ciudadanos. En México, ciertas reformas legales y decisiones de política pública parecen operar en sentido inverso. En lugar de limitar al gobierno, como corresponde a un sistema republicano, están restringiendo al ciudadano y al sector privado.

En el plano económico se acumulan señales de vulnerabilidad, como el bajo crecimiento, el deterioro financiero de empresas estatales y unas finanzas públicas deficitarias con poco margen de maniobra. A ello se añaden tensiones externas, como los ajustes comerciales en América del Norte, y decisiones internas que pueden reducir los canales de interlocución técnica entre gobierno y sector privado, como el planteamiento de prescindir del “Cuarto de Junto” en la renegociación del T-MEC.

En el ámbito legislativo han surgido iniciativas que erosionan la certeza jurídica. Una de las más preocupantes es la propuesta de modificar el juicio de amparo. Bajo el argumento de combatir abusos procesales, se plantea restringir el interés legítimo, que hoy permite la defensa de causas colectivas. Con ello, solo podrían promover el amparo quienes acrediten una afectación individual y directa. Esta medida convertiría un recurso que protegía a la sociedad en su conjunto en un instrumento más limitado y menos eficaz para ciudadanos, emprendedores y empresas. Cada persona tendría que litigar por separado, con mayores costos y menor protección.

También se pretende acotar la suspensión de actos de autoridad, una herramienta clave para evitar daños irreparables mientras se resuelve un juicio. Si esta figura se elimina o limita, las decisiones del gobierno podrían aplicarse de inmediato, incluso cuando existe la posibilidad de que después se declaren inconstitucionales. Esto dejaría a los afectados sin defensa real y aumentaría la inseguridad jurídica.

Otro punto crítico es la propuesta de que el Ejecutivo pueda decidir qué asuntos deben atenderse primero en la Suprema Corte. Esta facultad afectaría la autonomía procesal del Poder Judicial y permitiría una intervención política directa en las prioridades del tribunal, debilitando la independencia judicial.

Además, se busca restringir el uso de medidas cautelares que han sido decisivas para frenar actos de autoridad con consecuencias irreparables. En casos ambientales, territoriales o presupuestales, la suspensión provisional ha sido el único recurso efectivo para evitar daños antes de que se resuelva el fondo del asunto. Condicionar o eliminar esta herramienta significa dejar sin protección a quienes más la necesitan.

La independencia judicial ya enfrenta tensiones. Designaciones sin experiencia técnica y fallos contradictorios han deteriorado la confianza en el sistema de justicia. Para los inversionistas, esto transmite un mensaje preocupante. Las reglas pueden cambiar sin diagnóstico ni deliberación, y el entorno se vuelve más incierto para el capital y el empleo.

La inversión productiva es una de las vías más efectivas para enfrentar los desafíos estructurales. Pero esta inversión solo prospera con reglas claras y un sistema de justicia imparcial. Fortalecer el Estado de Derecho es condición indispensable para el desarrollo económico. Al mismo tiempo, se requiere una estrategia activa para aprovechar el nearshoring y la inversión extranjera directa, conectando a las pequeñas y medianas empresas con las cadenas globales de valor. Sin inclusión de este tejido productivo, base del aparato económico nacional, cualquier oportunidad se volverá frágil.

La agenda de competitividad también depende de la seguridad. Ninguna inversión prospera en regiones donde domina la violencia o la extorsión. Por eso es clave profundizar las estrategias contra el crimen y generar el entorno de confianza necesario para que la economía avance.

Defender los mecanismos legales que protegen a ciudadanos y empresas, impulsar la simplificación regulatoria y reconstruir espacios de diálogo institucional son pasos esenciales para restablecer la confianza. Esa confianza funciona como motor económico y garantía democrática.

Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H

México posee ventajas competitivas únicas, pero su aprovechamiento depende de la calidad institucional. Si las leyes privilegian lo político, la competitividad se desvanece y el crecimiento se estanca. Con un Estado de Derecho sólido, seguridad efectiva y certidumbre para la inversión, el país puede garantizar la democracia y un futuro de prosperidad para todos.

Con información de Excélsior