Hoy es posible la protesta por casi todo y contra todo. Es el ejercicio pleno de la libertad de manifestación a plenitud. Se puede atestiguar, cómo las y los ciudadanos toman las calles y sean pocos o muchos, expresan su sentir de forma directa a las autoridades. Hay una defensa radical y genuina del medio ambiente, como en el caso de la Sierra de San Miguelito. Surgen movilizaciones en defensa de los animales y de los árboles, así como las mujeres sostienen una lucha tenaz por la igualdad de sus derechos. Se expresan y lo hacen con firmeza y convicción.  Mayo de 2022 marcó la cifra de ejecutados más alta en lo que va del sexenio de José Ricardo Gallardo Cardona, con 70. A su vez, marcó la cantidad más elevada de homicidios dolosos en el trienio municipal de Enrique Francisco Galindo Ceballos, con 28. Es alarmante. Pero hay otro problema de alcances mayores que, de ningún modo, puede pasar desapercibido en estos tiempos marcados por la brutalidad. Se trata del creciente fenómeno de violencia en la familia. Las denuncias por ese delito, observan un crecimiento preocupante que obliga a las distintas instancias de gobierno y a la sociedad, a hacer algo que ponga freno a la alzada de violencia en los hogares potosinos. Extrañamente, pocos o nadie levantan la voz por las familias tan agobiadas por la violencia en su seno. Las víctimas más propicias, las mujeres, las niñas, los niños y los adultos mayores. De enero a mayo del año en curso, se denunciaron 3 mil 879 delitos contra la familia.

De esa cantidad, 3 mil 654, son por violencia familiar. Completan el total, 216 por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y, 9 por otros delitos. El delito de violencia familiar ha observado un repunte del todo reprobable. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estamos ante un fenómeno que, de no ponerle atención, puede provocar un mayor deterioro del tejido social. La incidencia por mes muestra su crecimiento: enero, 588; febrero, 629; marzo, 718; abril, 809 y; mayo, 910. El 2021, cerró con 9 mil 538 delitos contra la familia, de los cuales, 9 mil 034 correspondieron a la violencia familiar. ¿Alguien se ha percatado de eso en el gobierno estatal y ayuntamientos?

Al parecer, no. Pero tampoco la sociedad que, ocasionalmente, a través de organizaciones y colectivos hacen sonar las alarmas sobre determinada problemática. Recientemente se frustró el plan de arrasar con los árboles en la Avenida Himno Nacional, pues se advirtió de un ecocidio en ciernes. Gracias a la intervención de la ciudadanía, no ocurrirá. Nos alarmamos porque se atenta contra el medio ambiente y no así con la violencia de que es víctima la familia. Lo deseable es que las autoridades a través de las instancias de atención a la familia, implementen estrategias viables y eficaces para poner un alto a tan grave problema.

La violencia se está enraizando, no solo por la actividad delictiva, sino también por la lamentable pérdida de valores en la familia. Se está perdiendo el respeto, la solidaridad, el amor y la fraternidad. Es necesario rescatar a las familias potosinas de ese ambiente de violencia y en ese sentido, los sistemas DIF están obligados a actuar de acuerdo con la urgencia propia de este momento tan complicado.