Hace unos días, la presidenta electa se reunió con empresarias y empresarios agrupados por el Consejo Coordinador Empresarial para hablar de los proyectos a futuro en nuestro país. Sin duda, las organizaciones empresariales tendrán una delicada e importante tarea que realizar en los próximos años a la luz del nuevo panorama político producto de los recientes resultados electorales. La novedad es que el régimen político encabezado por Morena dominará claramente los tres poderes de la Unión. Esto entraña importantes desafíos para el sector empresarial. Lo primero que hay que decir es que la presidenta electa parece tener una intención conciliatoria. No sólo eso, sino que su estrategia de “Prosperidad Compartida" parece estar bien delineada. Por el contenido de sus palabras durante la reunión con empresarios, se puede deducir que hay una intención modernizadora que promete respetar la autonomía del Banco de México, actuar con responsabilidad fiscal y financiera e incluir al sector empresarial en los planes de política macroeconómica. También existe la voluntad por parte de la representación empresarial en mantener una relación cercana y productiva con las autoridades legítimas del país, emanadas claramente de un proceso democrático. Todo esto son buenos augurios. Esperemos que de este acercamiento emane una visión de desarrollo de largo plazo con una definición clara del proyecto de país al que se aspira. Esta visión tendría que implicar la continuidad de la democracia liberal como nuestro régimen político. No obstante, hay que tener presente la responsabilidad, tanto coyuntural como histórica, que tiene el sector privado ante la continuidad del régimen actual. La mayoría absoluta de la Cuarta Transformación en el Congreso es el contexto político en el que ocurrirá la futura interacción entre gobierno y empresarios. Con estas mayorías y con la probable dominación en el poder judicial, el régimen podría caer en la tentación de vulnerar las instituciones fundamentales del pacto democrático. Como un sector bien organizado, los empresarios tendrán que estar muy pendientes de que no se rebasen los límites que salvaguardan nuestro régimen republicano. La prueba de fuego en el corto plazo será la reforma judicial. Es imprescindible que el resultado final no dañe el principio de la división de poderes y los contrapesos. La persistencia de nuestra República y el Estado de Derecho son requisitos sine qua non para que se honren los contratos entre empresarios y para que se promueva la inversión. No sería mala idea que se pudiera establecer un sistema de alerta temprana que permita reconocer cuando exista un peligro inminente de que nuestro sistema democrático, republicano y constitucional pudiera desaparecer, similar al sistema DEFCON, utilizado por las fuerzas armadas de Estados Unidos. Si este fuera el caso, los organismos empresariales no deberían dudar en utilizar todos sus recursos de presión para evitar el quebrantamiento de la democracia. Para emplear una metáfora náutica, es importante preservar los faros para que cuando haya una tormenta nuestros navíos no pierdan el rumbo. POR GUSTAVO DE HOYOS WALTHER

FUNDADOR DE SÍ POR MÉXICO Y UNID@S

@GDEHOYOSWALTHER