Después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informara sobre la prohibición de las importaciones de tomates que produce la finca Agropecuarios Tom SA de CV y Horticola SA de CV y sus subsidiarias, por acusaciones de uso de trabajo forzado. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social junto con la Secretaría de Economía instalarán una mesa de trabajo para revisar la orden de la detención por la presunta existencia de prácticas vinculadas a trabajo forzoso.  Para establecer un canal de comunicación con las empresas involucradas, a la mesa se integra también el Consejo Nacional Agropecuario para que se realicen las investigaciones correspondientes. Y en caso de que se identifique algún incumplimiento a la normatividad laboral, se establezca un plan para garantizar la protección de los derechos de las y los trabajadores.  De acuerdo con la dependencia la medida no forma parte del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sino que tiene base en la Ley Arancelaria de ese país que data de 1930 y que, anteriormente, se ha utilizado indistintamente para empresas ubicadas en países con los que cuenta o no con un tratado comercial.

No se trata de una controversia Estado-Estado, sino de una sanción comercial directa a un bien producido por una empresa en específico.  Cabe destacar que tras la emisión de esta orden, las empresas tomateras tienen el derecho de apelar ante la autoridad aduanera estadounidense la decisión y presentar pruebas que demuestren su cumplimiento a la normatividad laboral, a fin de que la sanción sea levantada.