Exigir que los jóvenes mayores de 18 años se registren ante el SAT ¿es un abuso de fiscalización? ¿es una anomalía de acuerdo con las prácticas internacionales? La respuesta corta es "en lo absoluto". Una revisión somera de lo que ocurre entre los países de la OCDE, de la cual México forma parte, sugiere que la propuesta de incluir a los jóvenes en el registro federal de contribuyentes es algo común y que no debería de revestir una polémica más allá de los detalles de su operación y transparencia. Aunque la práctica varía de acuerdo con cada país, se pueden distinguir tres grupos: aquellos países en donde desde el nacimiento se genera un registro de población que sirve también como identificación fiscal; aquellos que se generan a partir de una edad determinada; y por último, como México actualmente, que solo se generan hasta que se percibe un ingreso. Pero antes vale la pena atender un argumento. El que sostiene que la obligación de registrar a los mayores de edad es un abuso de fiscalización. En términos civiles tal alegato es curioso. A los 18 años se adquieren derechos fundamentales, como el de votar, accediendo así al derecho a decidir por los gobernantes. La ciudadanía implica derechos y obligaciones, y dentro de las últimas, la de tributar es absolutamente esencial. Si estamos de acuerdo que tributar es una obligación que acompaña a los derechos desde la perspectiva de la fortaleza fiscal de México, la ampliación de la base es un ingrediente crítico al cual muchos estudios atribuyen el bajo crecimiento potencial de la economía mexicana. Los ingresos tributarios como porcentaje del PIB es un cociente que sirve como indicador de la solidez fiscal de un país, es una señal de su capacidad para intervenir mediante el gasto público en el crecimiento de la economía sin provocar desbalances económicos serios. Países como Dinamarca y Francia, con alta calidad crediticia, y una calidad superior en los servicios públicos que sus Estados prestan a la población, cuentan con un cociente superior al 45 por ciento. Una economía en muchos sentidos equiparable a la mexicana, como Brasil, despliega un ratio de 33%, mientras que una economía significativamente menos desarrollada que México, como la de Nicaragua, ostenta un cociente de 25.9 por ciento. México, la decimoquinta economía más grande del mundo, tiene una relación ingresos tributarios/PIB de tan sólo 16.5%, inferior incluso a la de Vietnam, y comparable a la de múltiples países cuyo desarrollo es muy inferior a ella. Sin duda, esta bajísima proporción denota una fragilidad fiscal del Estado mexicano que se refleja en su calidad crediticia, y en su potencial económico de largo plazo. México está muy lejos de ser una economía con una alta carga tributaria promedio. Y quienes deberían de estar en favor de ampliar la base fiscal son justamente quienes más impuestos pagan hoy, pues de ellos depende la recaudación y por ende la fiscalización y el monitoreo. La obligación del registro ante el SAT a los mayores de edad es apenas una condición necesaria, mas no suficiente para ampliar la base tributaria. Más aún, el buscar dicha ampliación con propósitos estrictamente de recaudación, resultaría incluso en una pérdida de eficiencia. Pero como lo muestra el mapa que acompaña a esta nota, el obligar a los mayores de 18 años a registrarse ante la autoridad tributaria no debe de sorprender a nadie. En países como los Estados Unidos, Alemania y Brasil, la clave de población emitida para todo ciudadano al nacer sirve luego como registro y clave fiscal, lo mismo ocurre en Rusia, China, Italia y Portugal, entre muchos otros. Nadie en esos países se alarma que, desde el nacimiento, la autoridad fiscal cuente con los registros del ciudadano. Otros países operan como la propuesta que se encuentra en el congreso: a partir de cierta edad. En Francia es como la propuesta en México, a los 18 años, mientras que en España es mucho antes, a los 14, y en el Reino Unido es a los 16. La discusión no debe de centrarse en si los ciudadanos mayores de 18 años deben de registrarse o no ante el SAT. Sería más fructífero platicar sobre cómo construir el sistema que le permita al Estado nacional contar con los recursos para proveer los servicios que necesitamos al tiempo que se mantiene un balance fiscal aceptable. -         Con información de Dinero en Imagen