La crisis constitucional en la que desembocó la reforma al Poder Judicial ha escalado en los últimos días. Por la nueva reforma sobre la mal llamada “supremacía constitucional” y por la presunta “autorización” del Senado para que la Presidenta desacate la orden de una juez de “despublicar” la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación. Ambas acciones, lejos de aclarar un poco el panorama, contribuyen a enturbiarlo todavía más. La reforma sobre la “supremacía constitucional” tiene tres problemas evidentes. Primero, exhibe que ni el oficialismo se creyó su argumento de que las reformas a la Constitución eran incontrovertibles (de ser así, su nueva reforma sería redundante). Segundo, es una reforma aún más controvertible, pues atenta de manera más flagrante que la anterior contra principios constitucionales fundamentales (e.g., la separación de poderes, la no retroactividad de la ley o la defensa de los derechos). Y tercero, porque manda la señal de que el oficialismo no está dispuesto a pelear por los cauces jurisdiccionales sino que, ante cualquier revés potencial por parte de los tribunales, responderá por la vía legislativa. El gobierno y su bloque mayoritario en el Congreso avisan así, en pocas palabras, que para ellos está cancelado el cauce del litigio constitucional. La “autorización” del Senado termina de completar el cuadro. Ya no es solamente que la Presidenta desacate una orden judicial, ni que el Congreso convierta la Constitución en una toalla multiusos con la que trata de limpiar sus propias aberraciones jurídicas; es, además, que el Poder Ejecutivo recibe del Senado un permiso para desacatar que ni el primero tiene facultades para solicitar ni el segundo para otorgar, lo cual constituye un alarde no de razón jurídica pero sí de fuerza política. La situación evoca aquella caricatura de Perujo, publicada a mediados del sexenio anterior, en la que aparecía una Constitución colgada de un puente, como si se tratara de un cuerpo sin vida, bajo una narcomanta que decía “Para que les quede claro: ¡somos mayoría! Atte. 4T”. Mientras escribo estas líneas, se anuncia que pronto se hará público un proyecto del ministro González Alcántara que anticipa una suerte de solución de compromiso, invalidando partes de la reforma judicial (e.g., la remoción de los jueces y su elección popular) y dejando en firme otras (el Tribunal de Disciplina Judicial y la elección de ministros a la Suprema Corte). A reserva de conocerla más detalladamente, suena como una medida desesperada para tratar de contener la crisis. Me temo, sin embargo, que si la Suprema Corte adopta una decisión así, tan de medias tintas, ya no es tanto para defender la Constitución sino porque está tratando de atemperar la fractura que ya se asume como un hecho. Para como están los ánimos en la trinchera obradorista, me atrevo a predecir que probablemente tampoco acatarán. Esto ya no es una crisis sino una ruptura constitucional. POR CARLOS BRAVO REGIDOR

COLABORADOR

@CARLOSBRAVOREG