Morena trabaja a marchas forzadas. La dirigencia de Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, quiere tener listos los nombres de los candidatos a las 17 gubernaturas de 2027 a más tardar en la primera semana de septiembre -después del informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, para no meterle ruido al evento-.

La cúpula guinda ha hecho un trabajo quirúrgico: acuerdos para que los segundos y terceros lugares de las encuestas lleven mano en la designación de diputaciones federales, locales y alcaldías.

La idea es que nadie se vaya con las manos vacías. Veremos si los “perdedores” lo compran, porque varios ya advirtieron que van por la candidatura sí o sí -sin plan B de por medio-.

Por lo pronto, con los números que hoy tienen en la mano, ya están prácticamente amarradas siete candidaturas para mujeres: Nora Ruvalcaba en Aguascalientes, Rosi Bayardo en Colima, Beatriz Mojica o Esthela Damián en Guerrero, Imelda Castro en Sinaloa, Lorenia Valles en Sonora, Milena Quiroga en Baja California Sur y Geraldine Ponce en Nayarit.

Faltan al menos dos más para cumplir el mínimo de nueve candidatas que exige la paridad.

Los estados sin definir todavía son: Tlaxcala, donde pelean Ana Lilia Rivera y Alfonso Sánchez; Baja California, entre Ismael Burgueño y Julieta Ramírez; y Chihuahua, entre Andrea Chávez y Cruz Pérez.

Nuevo León es caso aparte: Clara Luz Flores encabeza las preferencias, pero Waldo Fernández, Andrés Mijes y el espontáneo Felipe de Jesús Cantú le pisan los talones. Ahí falta la última palabra.

Donde casi todo apunta a candidatos varones: Michoacán con Carlos Torres Piña, Quintana Roo con Gino Segura, Querétaro con Santiago Nieto, Campeche con Pablo Gutiérrez y Zacatecas con Ulises Mejía.

San Luis Potosí se cuece aparte: el “acuerdo” con el Partido Verde apunta a la senadora Ruth González, esposa de Ricardo Gallardo. Al candidato que mande Morena le tocará cubrir el expediente, no necesariamente ganar.

El mapa está casi trazado. Lo que falta es convencer a los que quedan fuera de que perder también tiene premio. Pero como muchos saben: en política, eso es más difícil que ganar una encuesta.

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CON LA DETENCIÓN DE ÁNGEL AGUIRRE, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dio un giro en el caso Ayotzinapa.

La Fiscalía de Ernestina Godoy busca reencauzar el caso y hacer comparecer a todos los funcionarios que, directa o indirectamente, estuvieron vinculados con la desaparición de los estudiantes.

No se conocen los nombres, pero, así como muchos pensaban que nunca detenerían al exgobernador de Guerrero debido a sus vínculos con Andrés Manuel López Obrador, se espera que más exservidores públicos terminen tras las rejas.

Aunque Aguirre nunca estuvo afiliado a Morena, en distintos momentos recorrió el estado de la mano del tabasqueño y otros políticos que buscan nuevos cargos.

Hoy, sin embargo, al gobierno no le interesan esos vínculos, y con el arresto de Aguirre están ofreciendo una muestra de compromiso a los padres de los estudiantes desaparecidos.

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HASTA EL MOMENTO se desconoce el grado de responsabilidad de la exsecretaria general de la UNAM, Patricia Dávila, en la fallida aplicación del examen de ingreso a la licenciatura.

Lo cierto es que renunció al cargo en medio de la crisis, y hoy se especula que parte de su personal podría estar vinculado con la filtración de los resultados del examen. Sin embargo, para no alimentar más el escándalo, las autoridades universitarias, encabezadas por Leonardo Lomelí, han tomado como chivo expiatorio a la empresa proveedora del software encargada de elaborar y aplicar la prueba.

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 Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El plan B en política tiene un defecto: nadie lo acepta cuando creía merecer el plan A”.