Los recientes acuerdos sobre el incremento al salario mínimo y la reducción gradual de la jornada laboral constituyen un avance significativo para las personas trabajadoras y sus familias. En Coparmex, hemos impulsado durante años la consolidación de un salario verdaderamente suficiente; estos pasos comienzan a saldar una deuda histórica. El nuevo salario mínimo general, que se ubicará en poco más de 315 pesos diarios y cubre en promedio el valor de la línea de bienestar familiar, representa una noticia alentadora para quienes viven de su trabajo.

Sin embargo, junto con las buenas noticias emergen realidades que no podemos ignorar. Para miles de pequeñas y medianas empresas, que integran más del 98 % del ecosistema productivo nacional, estas medidas representan una carga financiera que podría llevarlas al límite. Muchas operan con márgenes mínimos, absorben incrementos en energía, insumos y trámites, y enfrentan impuestos a la nómina que encarecen la contratación formal.

A todo lo anterior se suma el costo de la inseguridad sobre las empresas, estimado por el INEGI en más de medio punto del PIB, con una prevalencia delictiva cercana a 2,272 empresas afectadas por cada 10,000 unidades económicas. Cifra que se duplica en el caso de los pequeños y medianos negocios. Además, enfrentan una coyuntura compleja, con inversión a la baja, incertidumbre regulatoria que inhibe la actividad empresarial. Hoy requieren apoyos inmediatos y directos, particularmente en materia fiscal, capacitación, digitalización, financiamiento y reducción de costos no salariales.

Resulta esencial será recuperar los indicadores de confianza empresarial, que mantienen una relación directa con las decisiones de inversión y cuyo deterioro reciente refleja la preocupación de miles de negocios ante un entorno cada vez más riesgoso.

Sin embargo, esos apoyos resultarán insuficientes si no impulsamos un cambio profundo en la productividad. En los últimos años la economía ha generado empleos a un ritmo superior al crecimiento económico y la productividad laboral ha caído, mientras el salario mínimo recupera buena parte de su poder de compra. Ello presiona los costos laborales unitarios, especialmente en las empresas pequeñas que ya operan bajo severas restricciones.

A la vez, más de la mitad de las personas ocupadas se mantiene en la informalidad, un entorno con baja tecnología, escasa capacitación y pocas posibilidades de acumular capital. El ingreso laboral promedio en la formalidad prácticamente duplica al de la informalidad, lo que evidencia la necesidad de promover una transición acompañada con menos obstáculos administrativos, mayor acceso al crédito, programas de productividad y un entorno que valore la inversión. Un salario digno solo puede sostenerse cuando las empresas disponen de condiciones para ser más productivas, innovadoras y competitivas.

El reto es aún mayor en los sectores que operan de forma continua, como salud, seguridad privada, transporte, manufactura o energía. Para estas actividades la reducción de la jornada implica no únicamente un aumento en el costo de nómina, también exige reorganizar turnos, ajustar procesos logísticos e incorporar más personal en regiones donde la escasez de mano de obra ya es un factor crítico, especialmente en el norte y el centro del país. En todos los espacios de diálogo hemos subrayado la importancia de la flexibilidad, la gradualidad y una implementación responsable que reconozca las particularidades de cada sector y región.

Confiamos en que el gobierno y los legisladores mantendrán disposición para escuchar a los sectores productivos, especialmente a la base empresarial del país, donde se encuentran los micro, pequeños y medianos negocios. Los mecanismos de consulta deberán incluir a quienes generan empleo en las colonias, en el transporte, en los corredores industriales y en el comercio local. Resultará muy positivo contar con un canal permanente para tomar el pulso de estas empresas que sostienen la economía de proximidad y que enfrentan los mayores desafíos para cumplir con las nuevas disposiciones sin poner en riesgo su viabilidad.

Hoy muchos sienten que las condiciones parecen alinearse en contra, con una economía desacelerada, inversiones pospuestas, un clima de inseguridad que erosiona la confianza y nuevas obligaciones laborales que, aunque justas, llegan en un momento especialmente delicado. Sin embargo, los incrementos al salario mínimo han permitido que millones de personas mejoren su ingreso y reduzcan su vulnerabilidad, siempre que exista estabilidad macroeconómica y responsabilidad fiscal. Desaprovechar ese avance sería un error.

Este cambio no debe ser un golpe, sino una oportunidad para acelerar la transición hacia la formalidad, reducir el costo de la inseguridad, mejorar la productividad y crear un entorno en el que la inversión privada se sienta segura para crecer.

México ha sabido superar momentos complejos cuando sociedad, gobierno y empresas han colaborado con visión de futuro. Si enfrentamos este proceso con diálogo, responsabilidad y voluntad política, podremos avanzar hacia un país más productivo, más justo y competitivo. Las personas trabajadoras lo merecen. Las empresas también.

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Con información de Excélsior