El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, señaló que en el caso de la Entrega – Recepción, el plazo legal de 30 días hábiles posteriores al Acto Protocolario sigue su curso y las autoridades entrantes están en tiempo de notificar irregularidades a sus Contralorías Internas, con la finalidad de que éstas emitan las acciones correspondientes. Agregó que a la fecha el Instituto ha recibido reportes de anomalías en los municipios de San Vicente Tancuayalab, Axtla de Terrazas, Cedral y Villa de Pozos, donde presuntamente ocurrieron incluso hechos con apariencia de delito, siendo los dos primeros Ayuntamientos en los que se han presentado los casos más graves. En San Vicente Tancuayalab, los exfuncionarios formatearon todos los equipos de cómputo y las nuevas autoridades se vieron ante la imposibilidad de funcionar administrativamente, sin datos ni para pagar la nómina. “Los actuales funcionarios se acercaron a nosotros y les dimos un respaldo de la información que resguardamos, con el fin de que tuvieran los elementos mínimos para operar”, reveló Rodrigo Lecourtois. “Lo anterior amerita sanción administrativa, y estando dentro del plazo de 30 días hábiles para informarlo a su Contraloría Interna, ésta tiene la obligación de iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa y en su caso, presentar la denuncia o denuncias que correspondan”, agregó. Asimismo, en el ámbito de la obra pública se detectaron obras pagadas y no ejecutadas, y en lo relativo a apoyos sociales, falta de padrón de beneficiarios y presunción de falsificación de éste, lo que se amplifica a alrededor del 40% de los Ayuntamientos. Esto representa una falta grave por el desvío de recursos que implica y su impacto negativo en la población más necesitada. Por otra parte en Axtla de Terrazas, con una elección muy reñida y posteriores impugnaciones, el expresidente municipal hizo caso omiso al proceso de Entrega – Recepción y llegó en ceros al Acto Protocolario; es presuntamente responsable de la sustracción de documentos físicos y digitales, ante lo cual la Contraloría Interna debe iniciar el procedimiento administrativo pertinente, enviar el recurso al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y determinar sanciones tales como inhabilitación, multa y/o resarcimiento económico.

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Finalmente, el titular del IFSE detalló otras irregularidades reportadas como la falta de formatos, entregas a destiempo, saqueo de mobiliario y equipo, mismas que deberán ser atendidas por el órgano interno de control, según lo establecen las leyes de la materia.