Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Presidencia de la República debe entregar información de 15 oficios que contienen nombres y adscripciones de almirantes y vicealmirantes de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

Con el argumento de que dicha información se hizo pública durante la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, debe incluir informes sobre capacitación y adiestramiento del personal de la Armada en ejercicios navales multinacionales.

Este es el primer asunto en el que se declaró impedida a participar a la ministra María Estela Ríos González, ex consejera jurídica de la Presidencia de la República y quien presentó el recurso de revisión en materia de seguridad nacional, en contra de la solicitud de información de un particular.

Con el recurso presentado por la Consejería Jurídica se impugnó la resolución del desaparecido Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), del 8 de junio de 2022, en que se resolvió que la Presidencia debía dar a conocer los datos solicitados por un particular.

“En este asunto debemos partir de un hecho incontrovertible: Toda, toda la información contenida en los oficios ya es del dominio público e incluso en la mayoría de los casos fue publicada por las mismas autoridades.

“Dada esta circunstancia y sin pretender restar valor a dicho principio, en mi opinión es sumamente difícil visualizar cómo la entrega oficial de estos documentos que en esencia se replican datos ya conocidos podría por sí misma configurar un riesgo real demostrable e identificable para la seguridad nacional que no existiera ya desde el momento mismo de su divulgación original”, manifestó la ministra Loretta Ortiz Ahlf, ponente del proyecto.

El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, manifestó que no existe una negativa para proporcionar la información solicitada, salvo la que ponga en riesgo la Seguridad Nacional, en 13 oficios.

Entonces sobre esa base yo quisiera sugerir que se ponga poco más de énfasis en el proyecto, que queda bajo la responsabilidad del funcionario, que ahora es el secretario particular de la Presidencia, que él valore cuál de esa información efectivamente ya es pública; porque estamos frente a supuestos, otros suponemos que la información es pública, pero hasta que no logremos hacer un contraste entre el oficio y la información pública no tendremos una certeza plena de que efectivamente es pública”, indicó el ministro presidente.

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En los resolutivos se estableció que se deberá cotejar que la información solicitada que no se haya hecho pública, deberá ser testada, para evitar riesgos para la Seguridad Nacional.

Con información de Excélsior