Pese a que en un primer momento se le había negado la Licencia de Funcionamiento por presuntamente no contar con el Visto Bueno, al final el personal de la Dirección de Padrón y Licencias decidió otorgar dicha venia para que pudiera laborar el denominado “Centro de Verificación Responsable” (CVR) en Puerto Vallarta. No obstante, desde el primer momento, el presidente municipal, Luis Michel, ha venido señalando que ningún funcionario de su administración, especialmente de la Subdirección de Vialidad Municipal, estaba facultado para realizar alguna sanción en calles y avenidas municipalizadas de la ciudad, por lo que al Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Policía Vial del Estado de Jalisco, sólo le queda un tramo de poco más de 25 kilómetros de la carreta estatal 544, de ahí en fuera ningún funcionario estatal tiene jurisdicción para sancionar a algún automovilista, salvo en lo referente en transporte público. El pasado 31 de marzo, tras un bloqueo de más de siete horas de la carretera federal 200, los ánimos entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado se caldearon, ya que, en ese momento ni un solo funcionario de la administración del mandatario estatal, Enrique Alfaro, se hizo presente en el área para tratar de negociar con los manifestantes; pese a que este problema había sido generado por la terquedad del gobernador en imponer dicho CVR. Tras de que 681 turistas, la mayoría extranjeros, perdieron sus vuelos, el Gobierno Municipal decidió clausurar el CVR, aduciendo diversas irregularidades en su funcionamiento, lo cual molestó sobremanera al gobernador de Jalisco, quien a pesar de estar convaleciente, emitió un comunicado a través de la oficina de Comunicación Social del propio gobierno en el que advertía que el Verificentro continuaría laborando. Ese misma noche, alguien rompió los sellos de clausura y por la mañana del 1 de abril, funcionarios estatales, encabezados por la representante de Enrique Alfaro en Puerto Vallarta, Susana Rodríguez, para decir que el Verificentro seguiría funcionando, en ese momento a diferencia de otras ocasiones, el establecimiento lucía lleno de automotores, la mayoría propiedad de funcionarios estatales y de vehículos de transporte público a los que les había llegado la instrucción de presentarse ese día a realizar la Verificación Responsable. De los sellos rotos, hasta el momento nadie ha podido decir quien los había violentado, pese a que el lugar es ampliamente transitado, ni una sola persona se dio cuenta de el momento en que se estaba cometiendo una violación a la Ley, al quitar unos sellos de clausura que solo un juez municipal puede ordenar su retiro. Esa misma tarde, personal del Ayuntamiento volvió al sitio para realizar una nueva clausura, pero esta vez simbólica, ya que en ningún momento se pusieron los sello en las puertas, sino en lugares alternos, en ese momento se dieron dimes y diretes entre personal municipal y trabajadores del Gobierno de Jalisco, con lo que inició la Guerra por el Verificentro en Puerto Vallarta.