Tulum, la joya del Caribe mexicano que conquistó al mundo con sus playas y su misticismo, enfrenta hoy la peor crisis de su historia.

Lo que fue símbolo de exuberancia y turismo de alto nivel es hoy un cóctel explosivo de abandono, corrupción, inseguridad y narcotráfico que ha borrado buena parte de su brillo.

El diagnóstico que manejan el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el de la gobernadora Mara Lezama es claro: saben qué pasó y por qué.

El primer culpable tiene nombre: el modelo de crecimiento desordenado e insostenible que se impuso en la última década. La codicia inmobiliaria y turística desbordó cualquier reglamento, incentivada por gobiernos débiles y cómplices.

La inseguridad también hizo su parte: grupos criminales, enfrentamientos, violencia directa y denuncias de corrupción policial que van desde la omisión hasta la protección de redes ilícitas.

A eso se sumó la falta de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, provocando que los turistas salieran corriendo por la violencia y servicios deficientes.

Hoy los negocios locales sufren como nunca mientras grandes desarrolladores lograron posiciones privilegiadas gracias a los acuerdos con políticos y funcionarios.

Y por si todo eso fuera poco: la decisión de cobrar acceso a playas públicas en el Parque del Jaguar desde enero de 2025 ahuyentó a miles de visitantes, que además tenían que lidiar con tarifas abusivas en taxis y hospedaje.

Las plataformas digitales como Airbnb agravaron el desequilibrio: hay 10 mil cuartos de hotel registrados contra el doble que ofrecen las aplicaciones, sin pagar un peso de impuestos.

El cambió climático también contribuye con la tormenta perfecta: las playas de Tulum pasaron de recibir 50 millones de toneladas de sargazo en 2025 a 60 millones en lo que va de este año.

Pero no todo está perdido. Este fin de semana, la presidenta Sheinbaum estará en Quintana Roo para poner en marcha un ambicioso plan de rescate.

Entre otras cosas, prevén la reapertura de “playas privatizadas”, el lanzamiento de un agresivo programa de reordenamiento urbano, peatonalizar la zona hotelera, construir nuevas vialidades, regular a Airbnb y sus similares, y meter en cintura a las organizaciones de taxistas. El Tren Maya y el aeropuerto de Tulum también formarán parte de la estrategia.

La gobernadora Mara Lezama es una de las más interesadas en que se materialice este proyecto, porque quiere que la recuperación de Tulum sea uno de sus legados al dejar la gubernatura el próximo año.

Es una apuesta legítima pero hay que decirlo con claridad: el brillo de esta joya del Caribe no se perdió de un día para otro por lo que su administración va a contrarreloj para recuperarlo.

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NATALIA TORRES, quien en algún momento fue vocera de un grupo de jóvenes del PAN, desató una polémica en redes sociales al decir que no todas las personas deberían tener el derecho a votar.

La profesora de una universidad privada desafió a sus detractores y no se retractó, lo que le generó más críticas, incluyendo las de Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

De manera extraoficial, dirigentes del PAN se deslindaron de Natalia, quien reconoció, sin embargo, que sus opiniones provenían de la “ultraderecha”.

Pero no fue la única. Javier Albarrán, diputado panista del Edomex, también se volvió tendencia y objeto de fuertes críticas al declarar que las decisiones electorales deberían emitirse “por casa y por familia”. Magui Fisher, secretaria de Formación y Capacitación del blanquiazul, solicitó su expulsión.

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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Natalia y Albarrán fueron muy honestos: son la ultraderecha. El problema es que el PAN nunca podrá ganar elecciones con ese tipo de honestidad …y esos representantes”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

COLABORADOR

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@ALFREDOLEZ