La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) en San Luis Potosí anunció la reincorporación de 30 maestros a las aulas, quienes fueron separados de sus funciones a causa de denuncias que, tras ser investigadas, se clasificaron como infundadas. Esta decisión se da luego de la aprobación en el Congreso local de una reforma que modifica el proceso administrativo. El objetivo de esta nueva normativa, impulsada por el titular Juan Carlos Torres Cedillo, es permitir que los profesores continúen ejerciendo sus labores frente a grupo mientras se tramitan las quejas escolares en curso.

Esta modificación legal busca corregir una problemática que afectaba severamente a planteles, especialmente en el Altiplano, donde la separación inmediata de un docente por un señalamiento preliminar dejaba a los grupos sin atención educativa, incluso si la acusación no terminaba en una responsabilidad comprobada. Anteriormente, bastaba con que un maestro fuera señalado, por ejemplo, ante Derechos Humanos, para ser retirado de su cargo, suspendido de sueldo y obligado a cesar la impartición de clases mientras las investigaciones iniciaban. Esta práctica resultaba en que muchos grupos escolares pasaran semanas sin la instrucción necesaria.

Con la reforma próxima a publicarse en el Periódico Oficial del Estado, los trabajadores de la educación que sean señalados por faltas consideradas menores, o que surjan de malentendidos o interpretaciones equivocadas como incidentes sin relación con conductas graves, comentarios sin intención de ofender, o confusiones en actividades escolares, podrán permanecer en sus puestos mientras sus expedientes son revisados. Sin embargo, el titular de la SEGE enfatizó que esta nueva medida tiene excepciones. La separación inmediata del docente se mantendrá obligatoria en casos de alta gravedad, incluyendo acoso u hostigamiento sexual y abuso sexual.

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La necesidad de revisar estos mecanismos de denuncia y protección para el personal docente se evidenció con un trágico suceso ocurrido en marzo de 2020 en el Cobach 25. En donde alumnos exhibieron nombres de presuntos hostigadores generó una fuerte discusión pública. Un maestro señalado en el contexto de denuncias, Aurelio ‘N’, quien enfrentaba tres procesos formales, se quitó la vida, poniendo en la mira la vulnerabilidad de los trabajadores de la educación mientras se desarrollan las investigaciones y la necesidad de mecanismos justos para todas las partes.