El oficialismo en el Senado abrió la puerta a reformar la ley para restablecer las decisiones colegiadas en los nombramientos de los mandos superiores del Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de acabar con el poder que se le dio a Guadalupe Taddei cuando presidió el organismo.

Los morenistas Javier Corral y Susana Harp, junto con la emecista Amalia García, presentaron una. El grupo parlamentario del PAN, otra. La bancada del PRI, una más y, en lo individual, la panista Lilly Téllez.

Todas plantean regresar a la redacción histórica del artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que ordenaba a la presidencia del INE llegar a acuerdo con el Consejo General para los nombramientos de directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del Instituto, pero que fue modificado por el pleno del Senado, a propuesta de Morena, el 10 de octubre del 2024, con el propósito de ayudarle a Taddei a destrabar nombramientos que el Consejo General le rechazaba.

Ignacio Mier, líder de los senadores de Morena y quien era el coordinador de los diputados de Morena cuando la Cámara de Diputados eligió a Guadalupe Taddei, pidió que “hay que ver las crónicas, que las cubrieron prácticamente todos los medios, de que fue la primera vez que no había sido producto de cuotas, sino fue producto de un proceso riguroso de, primero, de criterios de elegibilidad, después de idoneidad y finalmente el proceso de insaculación entre quintetas, que integraban tanto la quinteta para la presidencia del Consejo General del Instituto, como el resto de las cuatro consejerías, dos de hombres y dos de mujeres”.

El 16 de febrero del 2023, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados formó el Comité de selección de las quintetas para elegir a los consejeros electorales con Enrique Galván, Evangelina Hernández y Andrés García, propuestos por Morena; Ernesto Isunza Vera y Araceli Mondragón, propuestos por la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, y María Esther Azuela y Sergio López Ayllón, propuestos por el extinto Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

Con los votos mayoritarios de cinco de siete, en favor del oficialismo, este Comité designó a Bertha Luján, Guadalupe Álvarez, Rebeca Barrera, Iulisca Zircey Bautista y Guadalupe Taddei como la quinteta cuyos nombres se introdujeron en la tómbola para presidir el INE. Ayer, Mier dijo que el entonces presidente de la Cámara, el panista Santiago Creel, fue quien metió los nombres a la tómbola, aunque no precisó que los nombres los eligió el Comité.

Por separado, Manuel Velasco, del Verde; Geovanna Bañuelos, del PT; Saúl Monreal, de Morena y Manuel Añorve, del PRI, pidieron que la Cámara de Diputados elija a una persona por consenso.

Las panistas Verónica Rodríguez e Ivideliza Reyes abrieron un debate sobre el INE en el pleno, para responsabilizar a Morena de lo ocurrido con Taddei.

Merece ser recordado el día de ayer, el día que cayó Taddei gracias al cochinero de Morena, porque apenas anoche tuvimos el nombramiento de una presidenta del INE y todo esto a consecuencia del cochinero de Morena cuando modificó el artículo 45 de la Ley General”, dijo Rodríguez.

“Se infectó todo el sistema”

Rubén Moreira, coordinador del PRI en Cámara de Diputados, advirtió que las presuntas irregularidades detectadas en el INE evidencian un posible esquema de corrupción, por lo que exigió una revisión profunda de las auditorías, de lo contrario, dijo, afectará la veracidad del proceso electoral de 2017.

“El golpe de lo que hemos visto es brutal, se infectó totalmente el sistema electoral mexicano. Escuchamos que se incluyó en los OPLE para las decisiones, las adquisiciones, pero también para la designación de funcionarios. Esta investigación se tiene que extender a todos los sistemas y a los procedimientos y se tiene que hacer una revisión muy profunda, si no, pues la duda quedará y seguramente va a afectar el año que entra”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, planteó extender las investigaciones al padrón electoral, las credenciales para votar, los materiales y los 33 organismos públicos locales, incluidos sus procesos de adquisición y designación de funcionarios.

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Con información de Excélsior