La Cámara de Senadores recibió de la Cámara de Diputados la minuta por la que se reforma el artículo 73 de la Constitución a fin de facultar al Congreso de la Unión para que legisle en materia de combate a la extorsión a nivel nacional.

El documento, que plantea unificar el tipo penal de extorsión, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones, fue enviado a las comisiones de Puntos Constitucionales, la de Seguridad Pública y la de Estudios Legislativos.

De esta forma, la minuta que el Senado analizará como cámara revisora “otorga facultades al Congreso de la Unión para establecer un marco jurídico que ordene a nivel nacional los castigos y las medidas para abatir el también denominado cobro de derecho de piso”.

Con ello, se busca cumplir con los objetivos generales de prevención, investigación y mecanismos de atención efectiva a las personas víctimas, ofendidas y testigos de este delito.

Las cifras y datos demuestran que día con día la extorsión atenta contra personas, familias y comercios, la cual además ha presentado un crecimiento y evolución en sus modalidades de ejecución.

En 2023, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en unidades económicas representó un monto de 124.3 mil millones de pesos, es decir 0.51 por ciento del Producto Interno Bruto.

Para el mismo año, 1.3 millones de establecimientos fueron víctimas de algún delito, lo anterior equivale a 27.2 por ciento de las unidades económicas del país. Además, el delito más frecuente fue la extorsión, con una tasa de prevalencia delictiva de mil 562 por cada 10 mil unidades económicas.

Minuta para legislar castigos y prevención a nivel nacional

Ante ello, este proyecto se ajusta a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, toda vez que es necesaria para que en la ley general correspondiente se desarrollen sus ejes rectores relativos a establecer políticas para prevenir este delito en los tres órdenes de gobierno, a través de mecanismos de colaboración entre las instituciones de seguridad pública.

En otro tema, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, tomó la protesta correspondiente a los consejeros honoríficos del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

De acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, el Consejo Ciudadano es un órgano de consulta del Sistema Nacional integrado por cinco familiares, cuatro especialistas en búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, uno de ellos especializado en materia forense; y cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Los consejeros honoríficos tendrán una duración en el cargo de tres años, sin posibilidad de reelección, y quienes lo ocupen no deberán desempeñar ningún cargo como servidores públicos.

Por parte de los familiares rindieron protesta Adela Alvarado Valdés, Araceli Magdalena Rodríguez Nava, Francisco Javier Espinosa Granados, Diana Gutiérrez Cerqueda y José Andrés Méndez Ñeco.

Como especialistas Alejandra Maritza Cartagena López, Guadalupe Judith Rodríguez Rodríguez, Pedro Miguel Ángel Garita Arce y Ricardo Nava Rueda.

Y por parte de los representantes de organizaciones de la sociedad civil, Emanuel Adrián Jiménez García, Alejandro Darío Tamez Murguía, Francisco Lugo Silva y Gerardo Jessel Islas Villagómez.

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La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, les deseó éxito en su encargo a nombre del Senado de la República.

Con información de Excélsior