El director general de los Colegios de Bachilleres (Cobach) en San Luis Potosí, Ricardo Daniel Centeno Trejo, informó que los procesos legales derivados de robos y otras irregularidades ocurridas en administraciones anteriores han resultado, en su mayoría, favorables para la institución, lo que ha permitido la recuperación de diversos recursos, con excepción de aquellos casos en los que es complicado acreditar plenamente las faltas cometidas.

El funcionario destacó que, tanto en tribunales laborales como penales, el área jurídica del Cobach ha brindado un respaldo sólido que ha beneficiado a la institución. No obstante, explicó que resulta difícil llevar un conteo preciso del total de carpetas de investigación abiertas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), debido a la diversidad de casos y denuncias interpuestas.

Como ejemplo, señaló el caso de dos docentes acusados de hostigamiento hacia alumnos, quienes fueron separados de sus funciones y posteriormente denunciaron al Cobach en un intento por lograr su reincorporación, argumentando despido injustificado. Aclaró que, además de los dos procesos iniciados por la institución, padres de familia y alumnos afectados presentaron una denuncia adicional, lo que complica el registro exacto de los expedientes. Aun así, subrayó que todos los procesos de separación de docentes por acoso sexual u hostigamiento han resultado favorables para el Colegio de Bachilleres.

Respecto de las carpetas relacionadas con exdirectores por presunto mal manejo de recursos, Centeno Trejo indicó que existen distintas variantes, ya que en algunos casos se trató de directores generales y en otros de personal administrativo. Mencionó particularmente un caso en la zona Huasteca, donde el área administrativa de un plantel utilizaba recursos aportados por los alumnos para fines personales, situación que derivó en un acuerdo de reparación del daño ante los tribunales.

En relación con la información difundida sobre presuntos desvíos de recursos mediante la impresión de libros, con pérdidas estimadas en cientos de millones de pesos, el titular del Cobach calificó el tema como complejo, ya que la existencia de facturas y documentación de respaldo dificulta acreditar un delito que pueda ser perseguido legalmente. Aunque se detectaron inconsistencias en los conteos, explicó que no se cuenta con elementos sólidos para sustentar una acción penal.

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Finalmente, señaló que, a partir de estas experiencias, se analiza la posibilidad de que sea la propia área académica la encargada de elaborar los materiales educativos, con el fin de fortalecer la transparencia y el control interno.