En los últimos 9 meses del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se tuvieron mayores gastos que ingresos; los datos indican que el gobierno tuvo ingresos por 5.62 billones de pesos, pero terminó gastando poco más de un billón de pesos adicionales. En pocas palabras, por cada cien pesos de ingresos, el gobierno terminó gastando 119 pesos, es decir, 19 por ciento más, así lo explicó Diego Díaz, coordinador de Finanzas Públicas del IMCO. Un punto a destacar, aseveró Díaz, es que los gobiernos tienen restricciones presupuestales y deben ajustar a mayor o menor medida sus ingresos a sus gastos, de forma que no incurran en un endeudamiento que puede afectar la sostenibilidad de las finanzas del país. Este desequilibrio se termina financiando con deudas, es “como si el gobierno sacara la tarjeta de crédito para financiar este boquete, un déficit que fue el más grande desde 1990”. En consecuencia, esto terminó generando un endeudamiento del 14 por ciento mayor en términos reales, en comparación con el año anterior; además, ocasionó que la deuda del sector público pasara 15 billones a 17.7 billones de pesos, solo en un plazo de 9 meses. “El Gobierno se puede endeudar cuando hay crisis económica, cuando existe un desastre natural o un gasto en infraestructura pública productiva. Básicamente el crecimiento del gasto entre 2023 y 2024 se destinó a gasto corriente que incluyó: pago de salarios, materiales y suministros, servicios generales como viáticos y ceremonias”, agregó Diego Díaz para Así las cosas en el Bajío. Asimismo, una parte se destinó a los proyectos emblemáticos de esta administración que se están terminando, lo que implicó un gasto inadecuado porque esta deuda se debió utilizar en su totalidad para financiar otras prioridades para el país y no fue así. Por lo anterior, el gobierno del presidente López Obrador termina comprometiendo las finanzas de generaciones futuras, quienes tendrán que pagar la deuda que se contrató.

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Finalmente, Diego Díaz afirmó que el costo financiero de esta deuda y el pago de intereses están absorbiendo una parte del presupuesto público; una afectación directa a los ciudadanos porque son recursos que ya no se destinarán a salud, educación o seguridad.