La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que existen querellas por un monto de 16 mil millones de pesos relacionadas con la red de corrupción del huachicol fiscal; sin embargo, negó que el perjuicio al erario por contrabando de combustibles alcance los 600 mil millones de pesos.

Ambas cifras fueron dadas a conocer por la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, el 3 de octubre, tras comparecer ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

La mandataria, en su conferencia matutina, refirió que Galeano García, con quien habló el miércoles tras ver el video de su declaración en San Lázaro, le dijo que la cifra por el daño patrimonial del huachicol fiscal se refería a lo que había declarado un diputado.

“No hay un dato de la Secretaría de Hacienda de cuánto recurso significa el contrabando de combustible. No existe a la fecha. ¿Por qué no existe? Precisamente porque tenemos que cuadrar toda la información. Entonces, hasta que no esté cuadrada toda la información no podríamos decir”, declaró la presidenta

-¿Ella habló de cerca de 16 mil millones querellados, es decir, que ya estaban denunciados? –se le preguntó.

-Eso sí –respondió.

Al respecto, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, confirmó que existen querellas por un monto de 16 mil millones de pesos relacionadas con la red de corrupción del huachicol fiscal.

“Sí efectivamente son querellas, son expedientes para casos muy específicos que son integrados por las distintas áreas del gobierno, integrados por la Procuraduría Fiscal y querellados en fiscalía y en tribunales. Ese es el monto total de los expedientes”, dijo.

Refirió además que esa cifra corresponde al saldo histórico de los casos querellados y no sólo al buque localizado en Altamira, Tamaulipas.

Sheinbaum anuncia de una base de datos para la importación de combustibles

La presidenta Sheinbaum dio a conocer que creó un grupo de trabajo conformado por las secretarías de Energía, Hacienda, Seguridad y Protección Ciudadana, Pemex y Aduanas; la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente; la Profeco, la Fiscalía General de la República y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Detalló que el objetivo del grupo es conformar una sola base de datos que permita saber día con día cuántos combustibles se importan y que sea compatible entre las instituciones.

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“Tenemos un grupo de trabajo donde estamos juntando todas las bases de datos, de tal manera que haya una sola fuente de información en el gobierno federal de la cantidad de combustible que se importa vinculado con la cantidad de combustible que se vende, y el que se produce”, detalló.

Con información de El Financiero