La solicitud de orden de captura para extradición de EU contra 10 políticos y exfuncionarios de Sinaloa abre una crisis mayor. Tres nombres tienen peso político. Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán, y Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario de Gobierno. No cancela el debido proceso, pero confirma que crimen, dinero y poder público entraron al centro de la agenda bilateral.

La violencia. La guerra entre Los Chapitos y los hijos de “El Mayo” estalló el 9 de septiembre de 2024. Desde entonces, Sinaloa entró en una crisis social. En el primer año se documentaron más de mil 800 homicidios y 2 mil 390 desapariciones. El 2025 cerró con más de mil 600 homicidios dolosos. La disputa mata. También paraliza escuelas, comercios y carreteras.

La otra Sinaloa. El error sería contar Sinaloa solo desde el narco. Esa es la trampa cultural que más daño ha hecho. Sinaloa es el primer estado agropecuario del país. Es una potencia alimentaria que sostiene empleos en campo, pesca, acuacultura y agroindustria. Es maíz, tomate, chile, frijol, mango, camarón y atún. Es costa del Pacífico, turismo en Mazatlán, puerto mercante en Topolobampo y familias que no deben nada al crimen.

La captura simbólica. La narcocultura no es folclor inocente. Es propaganda de poder. Presenta violencia como éxito, impunidad como inteligencia y dinero ilícito como movilidad social. También estigmatiza a millones de sinaloenses que viven de su trabajo. No basta detener capos. Hay que quitarle prestigio, reclutamiento, protección política y control territorial.

La salida. Sinaloa puede salir de la trampa si convierte su fuerza productiva en seguridad. Primero, depuración institucional con inteligencia financiera, auditorías patrimoniales y sanciones reales. Segundo, blindaje electoral y municipal para impedir que el crimen decida candidaturas, permisos, contratos o mandos. Tercero, protección de cadenas lícitas. Carreteras, empaques, distritos de riego, puertos, mercados, zonas turísticas y rutas de exportación. Donde hay Estado, crédito, justicia y mercado, baja el margen criminal.

Coordinación antimafia. Sinaloa necesita una nueva narrativa pública y una política de Estado. No se trata de negar la violencia, sino de impedir que sea su identidad. La Federación debe acompañar con inteligencia, presencia territorial y cooperación selectiva con EU. El gobierno estatal debe limpiar instituciones. Los municipios deben recuperar calles, trámites y permisos. La sociedad debe dejar de romantizar al narco.

Sinaloa no puede seguir siendo narrada por sus criminales. Su futuro está en su campo, su mar, sus puertos, su turismo y su gente. Salir de la trampa exige legalidad, seguridad y orgullo productivo.

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GERARDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ LARA

COLABORADOR