El gobierno de Singapur endurecerá su política penal contra las estafas y fraudes financieros con la entrada en vigor, a partir del 30 de diciembre, de una reforma legal que autoriza castigos corporales obligatorios de hasta 24 azotes para los responsables de estos delitos.

La medida, aprobada recientemente por el Parlamento, responde a un incremento histórico de estafas digitales que las autoridades consideran una amenaza directa a la seguridad económica de la población.

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De acuerdo con el Ministerio del Interior, la reforma fortalece sanciones ya existentes —como penas de prisión y multas— e incorpora el azote judicial como castigo obligatorio o discrecional, dependiendo del rol del implicado.

Estafadores, reclutadores y miembros de organizaciones criminales enfrentarán entre seis y 24 latigazos, mientras que quienes faciliten cuentas bancarias, tarjetas SIM o datos personales para el lavado de dinero podrían recibir hasta 12 azotes, además de otras penas.

Latigazos ante avance de crímenes

Las autoridades explican que el endurecimiento de la ley busca mantener la eficacia del sistema penal frente a delitos que han evolucionado con el uso de plataformas digitales.

La ministra principal de Estado de Asuntos Internos y Exteriores, Sim Ann, señaló ante el Parlamento que las estafas representaron alrededor del 60 por ciento de todos los delitos denunciados en Singapur entre 2020 y la primera mitad de 2025.

En ese periodo se registraron cerca de 190 mil casos, con pérdidas estimadas en 3 mil 700 millones de dólares singapurenses.

Entre las modalidades de fraude más comunes se encuentran el phishing, las ofertas de trabajo falsas, las estafas en comercio electrónico, los fraudes de inversión con promesas de rendimientos rápidos y la suplantación de identidad. Según la Agencia de Tecnología del Gobierno, estas prácticas suelen estar vinculadas a redes criminales internacionales, lo que complica su persecución y eleva el daño económico y social.

El azote judicial, una práctica heredada de la época colonial británica, consiste en golpear con una vara de ratán las nalgas desnudas del condenado. En Singapur solo se aplica a hombres menores de 50 años y se utiliza para más de 30 delitos graves, como robo, violación y vandalismo.

El castigo se impone siempre junto con penas de prisión o multas económicas.

Aunque organizaciones internacionales, incluida la ONU, han criticado los castigos corporales por considerarlos violaciones a los derechos humanos, el gobierno singapurense defiende la medida como un poderoso mecanismo disuasivo.

Las pérdidas por fraudes digitales alcanzaron un récord de 1100 millones de dólares en 2024, según datos policiales, lo que reforzó el consenso político para actuar con mayor severidad.

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Con información de Excélsior