Aunque el Gobierno del Estado ya saldó la deuda millonaria que arrastraba con el sistema de pensiones, la dependencia sigue enfrentando serios obstáculos para mantener sus finanzas estables. Así lo dio a conocer el director de Pensiones del Estado, Luis Arturo Coronado Puente, quien explicó que, pese a los esfuerzos por regularizar los montos pendientes de administraciones anteriores, aún persisten complicaciones estructurales que ponen presión constante al sistema.

Uno de los principales problemas, señaló, es la disparidad en las aportaciones que realizan los trabajadores en comparación con el monto total de las nóminas de pensión. Por ejemplo, en el sector burocrático, los empleados aportan apenas el 7 por ciento de su salario, lo que representa cerca de 60 millones de pesos mensuales, mientras que la nómina completa asciende a 140 millones. Eso significa que los 80 millones restantes deben ser cubiertos por la aportación patronal del Estado.

En el caso de las telesecundarias, el panorama no es muy diferente, aunque sus aportaciones alcanzan el 10 % y suman alrededor de 13 millones de pesos al mes, el costo de su nómina de pensiones llega a 60 millones mensuales. Estas diferencias provocan un déficit mensual superior a los 70 millones de pesos, que el Gobierno del Estado debe solventar a través de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Educación. Según Coronado Puente, aunque los pagos se han hecho en tiempo y forma, cada año se vuelve más complicado cubrir la cifra total.

A esta situación se suma el hecho de que en San Luis Potosí hay personas que comienzan a recibir su pensión desde los 45 años, y considerando una esperanza de vida promedio de 75 años, eso implica que algunos beneficiarios reciben pagos durante unos 30 años continuos, lo cual representa un alto costo para el sistema. Aun así, el funcionario aseguró que los pagos están al corriente y que las nóminas se han cubierto puntualmente, con montos mensuales que superan los 900 millones de pesos durante estas temporadas.

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Coronado Puente destacó la urgencia de una reforma integral al sistema de pensiones, que opera bajo el mismo esquema desde 1952. Entre las propuestas que considera necesarias se encuentran la homologación de los porcentajes de aportación entre dependencias y el establecimiento de una edad mínima para pensionarse, medidas que, dijo, ayudarían a cerrar la brecha financiera que cada año se vuelve más difícil de sostener.