El Congreso del Estado inició el proceso para armonizar su legislación con la nueva Ley General de Economía Circular, con el objetivo de modernizar el manejo de residuos y avanzar hacia un modelo de producción y consumo más sostenible en la entidad.

En conferencia de prensa, el diputado Luis Emilio Rosas Montiel informó que los trabajos legislativos buscan adecuar el marco jurídico local tras la aprobación, el pasado 19 de enero, de la Ley General de Economía Circular por parte del Congreso de la Unión. Acompañado por Publio Rivera Rivas, director general de Enlace y Seguimiento Parlamentario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el legislador explicó que ahora corresponde a los estados ajustar su normativa para alinearse con el nuevo marco federal.

La iniciativa plantea dejar atrás el esquema tradicional de “usar y desechar” y sustituirlo por un modelo que priorice la reutilización de materiales, el reciclaje y el aprovechamiento de residuos para generar energía o nuevos insumos productivos. Según detalló Rosas Montiel, la transformación debe comenzar desde el diseño y la fabricación de los productos, incorporando componentes que faciliten su reaprovechamiento y reduzcan su impacto ambiental.

El diputado subrayó que para lograr esta transición será fundamental la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así como la actualización de disposiciones secundarias en la legislación estatal. Indicó además que la meta es que San Luis Potosí se convierta en la primera entidad del país en adecuar su normativa local en materia de economía circular, con la intención de concluir el proceso legislativo antes del 18 de junio.

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Por su parte, Rivera Rivas destacó que el estado ya ha dado pasos relevantes al incorporar el principio de desarrollo sostenible en su Constitución y en su Ley de Ecología y Medio Ambiente, además de impulsar reformas relacionadas con la electromovilidad y de reconocer la economía regenerativa dentro de su Ley de Desarrollo Económico, lo que coloca a la entidad en una posición favorable para concretar esta armonización normativa.