San Luis Potosí, SLP.-  Aunque el Gobierno de San Luis Potosí reportó una reducción de su deuda pública de largo plazo, la Secretaría de Finanzas mantiene un financiamiento de corto plazo por 266.7 millones de pesos y enfrenta un crédito fiscal de aproximadamente mil 600 millones de pesos relacionado con la omisión del pago del impuesto sobre la renta (ISR) durante 2018. La secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, informó que el saldo de la deuda pública de largo plazo pasó de 3 mil 609 millones de pesos al inicio de la actual administración a 2 mil 900 millones al 30 de septiembre de 2026, una disminución de 709 millones de pesos. La funcionaria aseguró que durante la administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona no se ha contratado nueva deuda de largo plazo. Respecto al financiamiento de corto plazo, detalló que actualmente existe un saldo de 266.7 millones de pesos, cuya liquidación está programada para diciembre de este año, conforme a las condiciones del contrato. García Vidal sostuvo que el estado mantiene condiciones favorables de endeudamiento y recordó que, durante el segundo trimestre de 2026, San Luis Potosí fue ubicado en la categoría de endeudamiento sostenible del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sus tres indicadores en verde. Sin embargo, durante la ronda de preguntas también informó sobre un crédito fiscal por aproximadamente mil 600 millones de pesos, notificado a la Secretaría de Finanzas en agosto de este año y derivado de la omisión del pago del ISR durante 2018, en la administración estatal anterior. La secretaria explicó que la resolución todavía no se encuentra firme y que la Procuraduría Fiscal del Estado analiza las alternativas legales y los medios de impugnación para intentar reducir el monto, que podría aumentar por concepto de recargos y actualizaciones. Añadió que, por el momento, el procedimiento no representa una presión de gasto para el estado, debido a que todavía no existe una resolución definitiva que obligue al pago. La situación plantea dos escenarios financieros distintos: por una parte, la reducción del saldo de la deuda de largo plazo y la liquidación prevista del financiamiento de corto plazo; por otra, la incertidumbre sobre el desenlace del procedimiento fiscal, cuyo monto podría tener implicaciones presupuestales si la resolución resulta desfavorable para el Gobierno del Estado.

La Secretaría de Finanzas no detalló durante la comparecencia el monto actualizado del crédito fiscal, las probabilidades de reducirlo ni el impacto que tendría en las finanzas estatales en caso de que se confirme la obligación de pago.