Elevar las penas por homicidio calificado contra policías y establecer mecanismos legales para obligar a los ayuntamientos a fortalecer sus corporaciones municipales fueron dos de las propuestas que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, Jesús Juárez Hernández, puso sobre la mesa durante su comparecencia ante el Congreso del Estado. El funcionario consideró que los elementos policiales deberían contar con una protección jurídica equivalente a la agravante que existe cuando un integrante de las corporaciones comete un delito. Bajo ese planteamiento, propuso que las agresiones que deriven en el homicidio de un policía reciban sanciones más severas. La segunda propuesta se relaciona con la participación de los municipios en las tareas de seguridad. Juárez Hernández señaló que algunas corporaciones municipales no participan activamente en el combate a la incidencia delictiva, por lo que planteó establecer fundamentos legales que permitan exigir a los presidentes municipales y directores de seguridad pública el fortalecimiento de sus policías. Explicó que la falta de capacidad operativa en algunos ayuntamientos dificulta la atención de delitos en zonas alejadas, donde los tiempos de traslado impiden que las fuerzas estatales lleguen con rapidez. En estos casos, sostuvo, las autoridades municipales podrían mantener una presencia permanente si contaran con corporaciones suficientemente preparadas y equipadas. Como tercer planteamiento, el titular de la SSPC propuso ampliar las instituciones especializadas en atención a la salud mental y las adicciones, particularmente para personas que presentan problemas de control de impulsos, manejo del carácter o conductas violentas. Argumentó que estas situaciones deben abordarse también como problemas sociales y de salud, en lugar de atenderse exclusivamente desde el ámbito de la seguridad pública. Por ello, consideró necesario ampliar la capacidad de las instituciones que brindan atención especializada. Juárez Hernández señaló que las propuestas derivan de un análisis sobre las necesidades de la estrategia de seguridad estatal y pidió a los diputados revisar su viabilidad para fortalecer las capacidades de las policías preventivas y de investigación. Como antecedente, recordó que durante su gestión al frente de Prevención y Reinserción Social planteó sancionar penalmente la posesión de teléfonos celulares por parte de personas privadas de la libertad. Según expuso, esa propuesta fue retomada posteriormente en la legislación general contra la extorsión. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H