La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado aseguró desconocer el origen y los detalles jurídicos que derivaron en el desalojo de una comunidad en el municipio de Tampamolón, al señalar que la participación de la Guardia Civil Estatal se limitó a brindar apoyo operativo durante la ejecución de una orden emitida por autoridades competentes.

El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, explicó que la presencia de elementos estatales respondió a una solicitud formal para garantizar condiciones de seguridad durante una diligencia relacionada con la restitución de un inmueble, procedimiento que, afirmó, fue ordenado por un juez y no por las corporaciones policiales.

De acuerdo con el funcionario, este tipo de intervenciones son frecuentes para la Guardia Civil Estatal, que atiende entre dos y tres solicitudes similares cada día, principalmente en asuntos de carácter civil donde existe riesgo de confrontación entre las partes involucradas. En esos casos, explicó, la función de la fuerza pública consiste en evitar conflictos y proteger la integridad de las personas durante el cumplimiento de resoluciones judiciales.

Sin embargo, la versión oficial contrasta con los señalamientos realizados por habitantes de la comunidad afectada, quienes han denunciado presuntas irregularidades durante el operativo. Según testimonios difundidos por integrantes de la zona, el desalojo dejó un saldo preliminar de nueve personas detenidas, todas pertenecientes a la comunidad indígena involucrada en el conflicto.

Los pobladores aseguran que tres de los detenidos recuperaron su libertad horas después, presuntamente tras la presión ejercida por organizaciones sociales y habitantes de la región. No obstante, sostienen que otras seis personas continúan privadas de la libertad y afirman desconocer su ubicación y situación jurídica.

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La situación ha generado preocupación entre habitantes y representantes de comunidades indígenas de la Huasteca potosina, quienes exigen información sobre el paradero de los detenidos y mayor transparencia respecto a los procedimientos que derivaron en el operativo realizado en Tampamolón.