La acusación de EUA contra su protegido, Rocha Moya, obliga a mirar bajo otra luz su presidencia. No es obsesión: todos los presidentes tienen responsabilidad política por lo que ocurre bajo su mandato y por lo que heredan a sus sucesores. López Obrador no tiene por qué ser la excepción.

Visitó Badiraguato casi una vez al año mientras estuvo en el poder. En 2019, cuando el Ejército detuvo a Ovidio Guzmán en Culiacán y el Cártel de Sinaloa amenazó con tomar represalias, dio la orden de liberarlo. En 2020, apareció en un video con la mamá de El Chapo: “Te saludo. No te bajes. Ya recibí tu carta”. En 2024, un reportero le preguntó cómo se habían portado los cárteles con él. Respondió que eran “gente respetuosa”.

Desmanteló el CISEN y la Policía Federal. Nombró a dos secretarios de Seguridad sin experiencia ni formación en la materia. A pesar de las casi 2 mil 500 masacres ocurridas durante su sexenio, nunca dejó de predicar “abrazos, no balazos”. En Oaxaca (2019), un ciudadano le exigió: “¡manden al Ejército, no tenemos armas!”. Él respondió que el Ejército no se usa para reprimir al pueblo. “¿El narco es pueblo?”, le reviró. “Sí, es pueblo”, contestó, “todos son seres humanos”.

A pesar de los más de 50 mil desaparecidos durante su administración, se negó sistemáticamente a reunirse con los colectivos de madres buscadoras, calificando sus demandas de “politiquería”.

Tras la detención del general Cienfuegos en EUA (2020) por presuntos vínculos con el narco, presionó para que lo devolvieran a México. Dos meses después, su gobierno lo exoneró, difundió el expediente confidencial de la DEA y acusó a la agencia de mentir.

Cinco gobernadores de su coalición -en Sinaloa, Tamaulipas, Morelos, San Luis Potosí y Michoacán- acumularon señalamientos documentados de vínculos criminales. En Tabasco, el gobernador Adán Augusto López Hernández nombró secretario de Seguridad a Hernán Bermúdez, hoy acusado formalmente de liderar La Barredora, célula del CJNG. En 2021, nombró a López Hernández secretario de Gobernación. Lo llamaba “mi hermano”. Cuando estalló el escándalo, lo desdeñó como ataque de “la prensa conservadora”.

En 2022, Porfirio Muñoz Ledo -quien le puso la banda presidencial- advirtió que “su alianza con el narco no es heredable”.

Medios y oposiciones denunciaron la “narcoelección” de Rocha Moya en Sinaloa (2021); él declaró que la delincuencia organizada se había portado “en general, bien”. En 2024, tras las revelaciones de la emboscada contra El Mayo Zambada y el encubrimiento del asesinato de Héctor Melesio Cuén, volvió a respaldar a Rocha. Incluso viajó tres veces al estado, acompañado por la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum, para arroparlo: “le tenemos confianza”, aseguraron.

Todo eso ocurrió. Es público. La suya no fue sólo una política fallida, fue una pedagogía del contubernio criminal. No es que no podamos superarlo: es que -por solidaridad con las víctimas, por deber de memoria y por exigencia de justicia- no deberíamos cerrar los ojos.

POR CARLOS BRAVO REGIDOR

COLABORADOR

@carlosbravoreg