El presidente Donald Trump enfrenta una creciente crisis tras los acontecimientos en Mineápolis, luego de que dos ciudadanos estadounidenses murieran en incidentes separados tras intervenciones de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el mes de enero. Las muertes de Renee Good y Alex Pretti, ambas ocurridas en el marco de operativos federales, han generado una oleada de cuestionamientos públicos, legales y políticos, particularmente porque videos grabados por transeúntes y verificados por medios contradicen las versiones iniciales difundidas por el gobierno federal. El primer caso ocurrió el 7 de enero, cuando un agente del ICE disparó contra Renee Good, de 37 años, dentro de su automóvil. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que el agente realizó “disparos defensivos” tras un intento de atropellamiento. Sin embargo, imágenes difundidas posteriormente ponen en duda que existiera una amenaza inminente. El segundo incidente se registró el 24 de enero, cuando agentes federales dispararon y mataron a Alex Pretti, también de 37 años, durante una manifestación contra operativos migratorios. De acuerdo con el DHS, Pretti se aproximó armado y se resistió de forma violenta. No obstante, videos verificados muestran a Pretti sosteniendo un teléfono celular mientras intentaba auxiliar a manifestantes sometidos por agentes. El jefe de policía de Mineápolis, Brian O’Hara, confirmó que Pretti portaba un arma legal, pero los registros visuales difundidos no muestran que la haya desenfundado antes de recibir al menos 10 disparos, segundos después de ser tirado al suelo. ¿Qué establece la ley sobre el uso de la fuerza letal?

La legislación de Minnesota autoriza el uso de fuerza letal únicamente cuando un agente razonable considere que es indispensable para protegerse de una amenaza inmediata de muerte o daño grave. La normativa federal mantiene un estándar similar. La clave legal radica en si las acciones de los agentes pueden considerarse objetivamente razonables, un umbral que, de acuerdo con expertos, suele inclinarse a favor de las fuerzas del orden.

¿Pueden ser procesados los agentes del ICE? En términos penales, los agentes federales gozan de inmunidad frente a jurisdicciones estatales, siempre que sus acciones se encuentren dentro de sus funciones oficiales y sean legales. Si Minnesota intentara procesarlos, los agentes podrían trasladar el caso a una corte federal y alegar dicha inmunidad. Para que un proceso prospere, el estado tendría que demostrar que los agentes actuaron fuera de sus atribuciones, de manera claramente ilegal o irrazonable, algo que históricamente ha resultado difícil. En el ámbito federal, las acusaciones contra agentes por uso letal de la fuerza son poco frecuentes, ya que los fiscales deben probar que el oficial sabía que su conducta era ilegal o actuó con desprecio consciente de los límites constitucionales. Aunque la inmunidad cualificada protege a los agentes de muchas demandas civiles, las familias aún podrían demandar al gobierno federal bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios de 1946, que permite indemnizaciones cuando empleados públicos causan daños durante el ejercicio de sus funciones. Los padres de Alex Pretti acusaron directamente a la administración Trump de difundir “mentiras repugnantes” sobre su hijo, asegurando que estaba desarmado cuando fue abatido. Crisis política y judicial en Minnesota La respuesta federal ha exacerbado tensiones con autoridades locales y estatales. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, exigió la retirada de los 3,000 agentes federales desplegados en el estado, acusando a la administración Trump de poner en riesgo a la población civil. Las autoridades locales presentaron una demanda para frenar el operativo, y un juez federal ordenó a la administración no destruir ni alterar evidencia relacionada con la muerte de Pretti. Mientras tanto, figuras nacionales como el expresidente Barack Obama calificaron el hecho como una “tragedia desgarradora” y un llamado de atención sobre la erosión de valores fundamentales en Estados Unidos. Un clima social cada vez más polarizado Las muertes ocurrieron en un contexto de creciente inconformidad pública con las operaciones migratorias, agravada por la detención reciente de un niño de cinco años y su padre de origen ecuatoriano. Pese a la indignación, altos mandos de la Patrulla Fronteriza insistieron en que “las víctimas son los agentes”, defendiendo la actuación del ICE y su entrenamiento. Con investigaciones abiertas, evidencia bajo resguardo judicial y presión política en aumento, Mineápolis se ha convertido en el epicentro del debate nacional sobre el uso de la fuerza, la inmunidad policial y los límites del poder federal en materia migratoria. Con información de Excélsior.