Bien vista la trama de La rebelión de la granja, de George Orwell, la idea de la emancipación de los animales respecto del antiguo régimen que los seres humanos representaban como señores de horca y cuchillo, no estaba nada mal. Precisamente, el desmantelamiento de las viejas instituciones en aras de una estafeta libertaria e igualitaria, ambas propuestas hechas por los animales, empezando por los cerdos –como los más inteligentes de la granja, según el propio Orwell–.

Así, los animales liberados empiezan con una especie de decálogo que específica a grandes rasgos y en líneas generales las reglas más importantes de convivencia de esa nueva sociedad y que, miradas bien las cosas, resulta válido sostener que es la Constitución del nuevo régimen.

Esas reglas y principios son el cauce por el que discurren todos los conflictos para que se resuelvan de forma objetiva e imparcial y que son conocidos por todos los integrantes del recién creado Estado animal. No puede haber otra vía, no se deben trastocar esos principios esenciales sin romper el orden establecido por los propios interesados.

Sin embargo, como suele suceder, la élite de esta historia termina con el control fáctico del régimen y con subterfugios e interpretaciones dislocadas traducen la Constitución a conveniencia, los conflictos son encaminados por el derrotero de la política y de los intereses de una camarilla.

Con toda esta parábola orwelliana, no podemos más que estar de acuerdo con el pensamiento de Juárez: nada por la fuerza, todo por la razón y el Derecho. Y eso sólo es posible encomendando el cumplimiento de una Constitución al actuar de todos, pero cuando eso no resulta porque hay un grupo que pretende imponerse, sólo podrá restablecer el orden constitucional por medio de la razón del Derecho y plasmada en una sentencia.

Menospreciar las decisiones de las personas juzgadoras y desvalorar lo sentenciado con argumentos que rayan inclusive con necedad, en el respaldo de la fuerza popular en nada construye, ni cimienta una sociedad, que debiera por su propio bien, buscar seguridad jurídica, la cual sólo es posible en el asidero inconmovible del cumplimiento de la sentencia judicial.

¡Qué se pretende con semejante demostración! La imposición de una ley tan silvestre como lo es el de la fuerza. Eso logra que en el imaginario de quienes lucharon por una renovación social e institucional, ya no busquen la seguridad que el Derecho da a través de las sentencias de las y los jueces, sino en la pertenencia al grupo más fuerte en turno.

La deficiencia de esa construcción según la cual los conflictos se resuelven por fuerza, pasando por alto y con lujo de desprecio la sentencia dictada, es que no funciona: la política va y viene, la gente no quiere vivir en el derrotero de aquélla, sino en la certeza que el Derecho otorga.

¡La reflexión colectiva nunca se lamentará- ni arrepentirá- de no representar el derecho, como una garantía de su propia libertad!

POR JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ

MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN