Donald Trump regresa a la Casa Blanca en enero con la intención de demoler los cimientos de las actuales políticas medioambientales de Estados Unidos, favorecer los combustibles fósiles y abandonar cualquier tipo de liderazgo internacional en la lucha contra el cambio climático. Su victoria en las elecciones estadounidenses del martes se produjo pocos días antes de que el mundo inicie el 11 de noviembre en Azerbaiyán la COP29, la reunión de la ONU para avanzar los objetivos de la lucha global contra la crisis climática. Y la segunda presidencia del político republicano es una de las peores noticias que muchos delegados de COP29 querían escuchar: la llegada al poder de un negacionista del cambio climático. En 2020, durante su primer mandato, Trump retiró a EE.UU. del Acuerdo de París al rechazar la ciencia y calificar la crisis climática como un “fraude”. Cuatro años después, sus opiniones no sólo no han cambiado, sino que su negacionismo se ha visto reforzado. El negacionsimo climático de Trump

En agosto de este año, durante una entrevista con el empresario Elon Musk en la red social X, Trump expresó su rechazo frontal a la lucha contra el cambio climático. “Lo que no entiendo es que la gente hable de calentamiento global o cambio climático pero nunca hable del ‘calentamiento nuclear'”, explicó en referencia al arsenal de armas nucleares que poseen varios países. “Para mí el gran problema no es el cambio climático. No lo es. Todo es un problema, pero son grados. Para mí el gran problema es el poder nuclear. El poder nuclear es tan grande”, añadió entre palabras de aprobación de Musk. El Proyecto 2025, redactado por el laboratorio conservador Heritage Foundation y que es considerado por numerosos analistas como la guía de ruta para la segunda presidencia de Trump, dedica un capítulo a la Agencia de Protección Medioambiental (EPA en inglés), una de las principales herramientas de Washington para luchar contra la crisis climática. Proyecto 2025 acusa a EPA de ser “un caldo de cultivo para la expansión de la influencia y el control del Gobierno federal en toda la economía“, infiltrada por activistas que ignoran “la voluntad del Congreso”, por lo que plantea una radical reestructuración “para volver a lo básico”, que se ejecutará el primer día de Trump en la Casa Blanca con una orden ejecutiva. Fiel a su papel como material explosivo para demoler la arquitectura reguladora de Estados Unidos, el texto también aboga por la desaparición de la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica (NOAA en inglés), que entre otras misiones estudia el clima y vigila los océanos. La guerra de guerrillas medioambientalista

Aunque Trump se quiso distanciar del Proyecto 2025 durante la campaña electoral, pocos dudan que el republicano deshará tanto como pueda el andamiaje legislativo y normativo que constriñe a los sectores más contaminantes y favorece la economía verde. En octubre, en un mitin, el entonces candidato aseguró que en cuanto vuelva al poder el 20 de enero van a “perforar, cariño, perforar”, en referencia a la expansión del sector petrolífero. El republicano también quiere cancelar la Ley de Reducción de la Inflación del actual presidente, Joe Biden, que destina centenares de miles de millones de dólares a descarbonizar la economía del país. Pero una cosa son las intenciones y otra los hechos. El movimiento medioambientalista estadounidense ya tiene una estrategia para intentar parar los pies a Trump. Básicamente, una guerra de guerrillas jurídica.

“En la primera presidencia de Trump, Sierra Club presentó más de 300 demandas judiciales que bloquearon muchos de sus intentos de eliminar las protecciones medioambientales”, declaró el jueves en una rueda de prensa Ben Jealous, director ejecutivo de Sierra Club. “Nuestra operación no sólo está preparada, sino que ya está en marcha para asegurar que quienes intentan abusar del poder del Gobierno tengan que rendir responsabilidades”, añadió. Líderes de otras organizaciones medioambientales también destacan que aunque Trump puede sacar de nuevo a EE.UU. del Acuerdo de París, su presidencia sólo durará cuatro años y el próximo presidente podrá reintegrar al país en el tratado el primer día de su mandato, como ya hizo en 2021 Biden. Con información de López-Dóriga Digital.