El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves el nombramiento del fiscal de Nueva York, Jay Clayton, como nuevo director de Inteligencia Nacional, tras recibir críticas de su propio partido por haber intentado colocar en el cargo a un aliado sin experiencia.

Trump había designado de forma interina a Bill Pulte, exdirector de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, quien carecía de trayectoria en temas de seguridad nacional o inteligencia. Pulte asumió el puesto tras la dimisión de Tulsi Gabbard a finales de mayo.

Me complace anunciar el nombramiento del muy respetado Jay Clayton… para ser el próximo director de Inteligencia Nacional”, escribió Trump en redes sociales, instando al Senado a confirmar su designación “lo antes posible”

El nombramiento de Clayton busca dar estabilidad a la dirección de los servicios de inteligencia estadounidenses, en un momento en que la administración Trump enfrenta cuestionamientos internos sobre la idoneidad de sus designaciones en áreas estratégicas de seguridad.

Reacciones en el Senado

El bloqueo legislativo a la renovación de la Sección 702 de la FISA, que otorga poderes de espionaje en el extranjero, se produjo en medio del descontento por la designación de Pulte. El senador demócrata Mark Warner advirtió que “entregarle las llaves de las agencias de inteligencia sería un desastre”, mientras que grupos de libertades civiles señalaron que el nombramiento se alinea con la campaña de Trump contra sus adversarios políticos.

La Sección 702, considerada esencial para combatir terrorismo y espionaje, expira el 12 de junio de 2026, y su futuro quedó en suspenso debido a la falta de consenso en el Congreso.

El nombramiento de Pulte coincidió con la suspensión judicial de un fondo de indemnización de 1,800 millones de dólares impulsado por Trump, destinado a personas que, según el Ejecutivo, fueron víctimas de persecución judicial durante la administración de Joe Biden. La jueza federal Leonie Brinkema ordenó detener la operación del fondo hasta una audiencia programada para el 12 de junio, tras denuncias de que podría beneficiar a aliados políticos, incluidos condenados por el asalto al Capitolio en 2021.

El Departamento de Justicia expresó su desacuerdo con la medida, aunque aseguró que la respetará. Este episodio refleja las tensiones entre el Ejecutivo y el poder judicial, así como las críticas de sectores opositores que acusan a Trump de utilizar recursos públicos para favorecer a su base política.

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Con información de Excélsior