En los últimos años, la huella del turismo se ha convertido en un problema multifactorial, en la medida en la que no sólo impacta el medio ambiente y los recursos naturales, sino que también afecta el ámbito social y económico. De acuerdo con el 4º informe de labores de la Secretaría de Turismo (SECTUR), durante la pandemia, la OMT clasificó a México como uno de los países más vulnerables, debido al peso que el turismo tiene en la economía –8.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, según el seguimiento de la vulnerabilidad del turismo internacional que realiza la OMT, en la región de Norteamérica, México es el país menos afectado en su desempeño turístico. Por lo que a pesar del alza registrada en el ámbito turístico, la vulnerabilidad de este sector aunado a un contexto generalizado de incertidumbre financiera y debilidad presupuestal, ha propiciado un crecimiento exponencial de todas aquellas externalidades negativas que derivan de la actividad turística, especialmente cuando se trata de turismo internacional. Frente a dicho panorama, la comunidad internacional ha implementado gravámenes como un esfuerzo para mitigar las externalidades que derivan del turismo. A su vez, ya se cuenta con experiencia nacional como es el caso del visitax o el cobro de Aprovechamiento a Turistas Extranjeros. Sin embargo, la problemática de éstos estriba en que su recaudación no es expedita; y por lo tanto, está presente un espacio de oportunidad relevante para que la Federación coadyuve en dichos esfuerzos, mediante políticas públicas novedosas o incluso reformas legislativas. Asimismo, es pertinente poner sobre la mesa el hecho de que la coyuntura económica de los gobiernos locales se halla incapacitada para ofrecer la contención adecuada y suficiente para contrarrestar y dar respuesta puntual a cada una de las externalidades. Ello, en estricta consideración de un contexto en el que una buena parte de los ingresos públicos estatales no son obtenidos directamente por las entidades federativas. Por ejemplo, en 2020 el 83.1% de los ingresos provino de participaciones federales, donde únicamente el 11% fue de participaciones estatales, mientras que el 5% de los ingresos estatales de la deuda pública. Dado lo anterior parece necesario que las entidades federativas cuenten con mayores herramientas financieras para allegarse de recursos suficientes con el fin de atender la problemática enmarcada en el exceso de turismo que deriva en un universo concreto de impactos; y de esa manera continuar con la prestación de servicios de calidad y velar por la preservación del medio ambiente.

Es necesario entablar espacios de coordinación entre la Federación y los Estados para eficientar y garantizar la recaudación de ese tipo de contribuciones, lo cual redundaría en favor de las haciendas públicas municipales para el desarrollo de políticas públicas que beneficien el desarrollo y optimización de la infraestructura turística y, mitiguen las externalidades. POR EMILIO SUÁREZ LICONA CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA @EMILIOSL